"La Secretaría de Derechos Humanos solicitó que se evalúe la revocación del beneficio de prisión domiciliaria otorgado a Miguel Osvaldo Etchecolatz", sostuvo el organismo en un comunicado.
Comisario general de la policía de la provincia de Buenos Aires durante la dictadura, Etchecolatz fue excarcelado en una causa elevada a juicio oral que lo investiga por privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas y tormentos.
Considerado un símbolo del aparato represivo que persiguió y asesinó a disidentes durante el régimen dictatorial, Etchecolatz fue beneficiado con la prisión domiciliaria desde el 27 de diciembre por decisión del Tribunal Oral Federal número seis de Buenos Aires.
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Los magistrados accedieron al pedido de la defensa del expolicía, de 88 años, que pidió liberarlo por las diversas enfermedades que padece y por ser "el geronte con mayor edad en institución carcelaria en todo el ámbito penitenciario federal".
En su presentación, Ramos señaló que los jueces basaron su fallo en informes médicos "parciales" agregados a la expediente, pese a que contaban con otros informes médicos forenses de mayor peso que no habilitaban la concesión del arresto domiciliario por motivos de salud.
Mientras tanto, sigue el transcurso del debate oral y público que comenzó en octubre pasado para juzgar a Etchecolatz, a otros siete expolicías y a un exjefe militar por las torturas que padecieron 125 víctimas que pasaron varios centros clandestinos de detención.
Historial de crímenes
La primera condena que recibió Etchecolatz a 23 años de cárcel en 1986 fue seguida de otras cinco sentencias por crímenes de lesa humanidad: 7 años (luego reducida a 4) por apropiación de una hija de desaparecidos en 2004; tres reclusiones perpetuas por la "causa Etchecolatz" (2006), "Circuito Camps"(2012) y "La Cacha" (2014); y en 2016, a 25 años de prisión por el secuestro y tortura de una pareja desaparecida.
Etchecolatz también es sospechoso de la desaparición en 2006 de un albañil de 77 años, Julio López, que era un testigo clave en un juicio en su contra y que es considerado el primer desaparecido de la democracia después de que el hombre saliera de su casa hacia los tribunales y nunca llegara a destino.
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El número de alojados en el servicio penitenciario federal o provincial, en cambio, se ha reducido de manera paulatina desde hace dos años: 603 en 2015, 460 el año siguiente, y 435 en 2017.
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