Misión de OEA en Honduras denuncia "pacto de impunidad" entre el Congreso y la justicia

MONTEVIDEO (Sputnik) — La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), creada por la OEA, denunció un "pacto de impunidad" entre el Congreso y la justicia para frenar investigaciones a funcionarios acusados de corrupción.

"Red de Diputados es una investigación técnica por delitos de corrupción; la decisión de impunidad y oportunidad de detener las investigaciones y archivar el caso (de los diputados) es del Congreso y de la jueza (Alma) Guzmán", dijo en Twitter el portavoz de la Maccih, Juan Jiménez Mayor.

#RedDeDiputados es investigación técnica por delitos de corrupción. Decisión de impunidad y oportunidad de detener investigaciones y archivar caso es del Congreso y Jueza Guzmán. Equipo @OEA_MACCIH rechaza las menciones contra @Almagro_OEA2015 y respalda trabajo de @OEA_oficial pic.twitter.com/sF3fxZ5V5B

— Juan F Jimenez Mayor (@JuaJimenezMayor) 25 января 2018 г.

​El 18 de este mes el Congreso reformó la Ley Orgánica del Presupuesto, estableciendo "un nuevo procedimiento de liquidación de fondos públicos destinados a la ejecución de proyectos o ayudas sociales, incluyendo los fondos gestionados, recibidos, administrados y ejecutados por servidores públicos, diputados y organizaciones no gubernamentales, encargando la auditoría de esos recursos al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) por un periodo de tres años", indicó la Maccih en un comunicado publicado el miércoles.

El nuevo procedimiento de liquidación se extiende "retroactivamente" a los períodos de Gobierno 2006-2010, 2010-2014 y 2014-2018, añade el comunicado de la Maccih.

A partir de esa reforma, la Corte Suprema de Justicia decidió el miércoles archivar el caso conocido como "Red de Diputados", que investiga a más de 60 legisladores y exlegisladores por corrupción, incluyendo al propio presidente del Congreso y a otros funcionarios que fueron acusados en 2017 por la Maccih y la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic).

De esa forma el caso se traslada al TSC, que tiene hasta tres años para concluir las investigaciones, por lo que, en opinión de la Maccih, el proceso penal "quedaría sin efecto, generando la impunidad de todos los involucrados".

La reforma de la Ley de Presupuesto establece que "mientras el TSC esté realizando dicha auditoría e investigación especial no procederá ninguna acción judicial para reclamar ningún tipo de responsabilidad, sea esta administrativa, civil o penal".

La Maccih denunció que de esta forma se busca facultar al TSC con autoridad para determinar la responsabilidad penal "de los ilícitos que se encuentren respecto a altos funcionarios (…) lo cual es una pretensión inconstitucional".

La misión de la OEA (Organización de los Estados Americanos) considera que la reforma de la Ley de Presupuesto supone un hecho "extremadamente grave" que afecta su trabajo en el país centroamericano.