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    Luiz Inácio Lula da Silva, expresidente brasileño

    El proceso contra Lula da Silva por presunta corrupción polariza a Brasil

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    MOSCÚ (Sputnik) — El juicio por supuesta corrupción contra el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva paralizó la ciudad de Porto Alegre (sur).

    Los seguidores del líder del Partido de los Trabajadores (PT) llevan días concentrados en un recinto conocido como el Anfiteatro de la Puesta de Sol.

    Los detractores de Lula del movimiento conservador anticorrupción "Vem para rua" (Ven a la calle) presionan desde el martes en las calles para que el expresidente del país (2003-2011) sea condenado en segunda instancia a nueve años y medio de cárcel por presuntos delitos de corrupción y blanqueo de dinero, lo que podría apartarlo de las elecciones de octubre.

    Adelaide Castro de Oliveira, portavoz y coordinadora nacional de la formación, dijo a Sputnik que el PT estaba incitando a la violencia.

    "La cúpula del partido llama a la violencia, dicen que prenderán fuego, que habrá que matar gente, ¡es absurdo! Gleisi Hoffmann (la presidenta del PT) debería ser presa por decir esas cosas; ellos no se preocupan por Brasil, están preocupados en librarse de la cárcel", aseguró Castro sobre la fuerza que respalda a Lula.

    Castro se refería a una reciente entrevista en la que Hoffmann dijo que para que Lula fuera preso primero habría que detener a muchas personas e incluso "matar gente", lo que causó cierta polémica.

    "Queremos que se haga justicia pero no sólo en este caso, que será muy emblemático; queremos que se condene a todos los corruptos, sean del partido que sean, si se comprueba tienen que ser castigados y devolver el dinero al pueblo brasileño", aseguró.

    No obstante, se suele reprochar a Vem pra Rua y otras organizaciones similares, como el Movimiento Brasil Libre (MBL), que no hayan salido a la calle de forma tan contundente durante los escándalos de corrupción que han afectado al Gobierno de Michel Temer y a sus aliados en los últimos meses, a pesar de las evidencias.

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    Vem para Rua y el MBL fueron los dos movimientos centrales que promovieron las manifestaciones masivas en 2015 y 2016 que desembocaron en el "impeachment" contra Rousseff, pero dejaron de convocar protestas anticorrupción con la llegada de la derecha al poder.

    En 2017 el actual presidente de Brasil, Michel Temer, fue denunciado en dos ocasiones por presuntos delitos de corrupción y obstrucción a la Justicia por la Fiscalía, pero las dos denuncias fueron archivadas por la Cámara de Diputados.

    Las autoridades del estado de Río Grande do Sul pidieron a los manifestantes que simpatizan con Lula y a los que piden su prisión que protesten en lugares alejados entre sí para evitar incidentes.

    También anunciaron el bloqueo de Porto Alegre por tierra, mar y aire para evitar interferencias en el tribunal y dispusieron a diversos francotiradores en edificios estratégicos para controlar el transcurso de las manifestaciones.

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    Algunas de las principales calles de la ciudad fueron cortadas para establecer un perímetro de seguridad en torno al tribunal y otras debido a las movilizaciones, lo que está causando atascos.

    Motivaciones políticas

    El abogado de Lula da Silva, Cristiano Zanin Martins, aseguró que no hay pruebas para condenar al líder izquierdista, que en su opinión está siendo perseguido por motivos políticos.

    "Si la acusación tiene alguna motivación política, y en este caso la tiene, no es la defensa quien la tiene que identificar", expresó el abogado durante su turno de palabra en el juicio que se celebra en el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región en Porto Alegre.

    El líder del Partido de los Trabajadores (PT) está acusado de delitos de corrupción pasiva y blanqueo de dinero por presuntamente haber recibido de manos de la constructora OAS un apartamento de lujo, pero su abogado remarcó que ese inmueble nunca fue suyo y que no hay pruebas que lo demuestren.

    El letrado aseguró que el juez de la Operación Lava Jato, Sérgio Moro, quien condenó a Lula inicialmente, construyó una "acusación propia", puesto que en el proceso no hay ninguna prueba que verifique el camino del dinero.

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    Según su criterio, no hay pruebas de los supuestos favores que Lula habría hecho a la constructora OAS a cambio de recibir ese apartamento, pero se buscó esa afirmación "sin ningún tipo de respaldo".

    "El poder del Estado tiene un límite y no puede ser utilizado de esta forma", criticó el defensor de Lula.

    A su vez, el Ministerio Público Federal pide un aumento de la sentencia al considerar que el juez Moro se equivocó al no estimar que había delito en el almacenaje del archivo personal de Lula que llevó a cabo OAS.

    El tribunal decidirá este 24 de enero si mantiene la condena de nueve años y medio de prisión, la modifica u opta por absolver al expresidente.

    Si es condenado podría verse apartado de las elecciones de octubre, aunque hay margen para varios recursos que de momento le permitirían participar en la campaña electoral hasta que haya una decisión definitiva.

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    Etiquetas:
    política, acusaciones, juicio, Luiz Inácio Lula da Silva, Brasil
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