"La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no es una jurisdicción de impunidad (…), los crímenes de carácter internacional, es decir, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio, el reclutamiento de menores, la violencia sexual y los crímenes de guerra, no serán objeto de amnistía", dijo el ministro del Interior, Guillermo Rivera.
La JEP fue creada en el marco de los diálogos de paz de La Habana con la entonces guerrilla de las FARC para juzgar y sancionar conductas cometidas con ocasión o en relación con el conflicto armado, no solo de guerrilleros o de agentes del Estado colombiano, sino también de civiles que se sometan a ella y hayan tenido participación en graves crímenes.
Sin embargo, en su Informe Mundial 2018, que fue presentado en París y en el que se recogen casos de vulneración de los derechos humanos en 2017 en todo el mundo, HRW señaló que "aunque el acuerdo ofrece una oportunidad histórica de reducir las violaciones de derechos humanos, su componente de justicia contiene graves deficiencias que podrían permitir que criminales de guerra eludan una rendición de cuentas genuina".
Al respecto, Vivanco consideró que el mismo "promueve más la impunidad que la justicia o el castigo a aquellos que han cometido graves violaciones".
El hecho de que el tribunal especial de paz (creado en el marco de la JEP) no pueda imponer penas de privación de libertad para los autores de esos crímenes, sino sólo restricciones a la libertad ambulatoria para realizar tareas de servicio a la comunidad, "es algo que no tiene precedentes en ningún país del mundo", subrayó Vivanco en el informe.
En el documento HRW también hizo un llamado ante las amenazas y ataques contra defensores de derechos humanos.
"A pesar de un programa del Ministerio del Interior que asigna protección a defensores de derechos humanos, sindicalistas y periodistas, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) documentó el asesinato de 53 líderes de derechos y activistas comunitarios entre enero y octubre de 2017", indicó.
Al respecto, el ministro de Justicia colombiano señaló que el Gobierno trabajará en la adecuación de los esquemas de seguridad para exguerrilleros de las FARC (hoy convertida en partido político de izquierda) y líderes sociales.
