"El grupo de fiscales encontró mérito para solicitar (…) audiencia de formulación de imputación a dos oficiales de la Policía Nacional y del Ejército Nacional", señaló la fiscalía en base a un despacho preliminar publicado el pasado 22 de diciembre.
Ese día cerca de 1.500 cultivadores de coca mantenían un cordón humanitario en la región para evitar que miembros de la Policía Antinarcóticos erradicara de manera forzosa sus cultivos ilícitos, que son su único modo de sustento.
Según versiones de los campesinos, los policías dispararon contra los manifestantes a quemarropa, lo que causó la muerte inmediata de seis de ellos y heridas a al menos una veintena más, uno de los cuales murió días después.
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La policía, por su parte, sostuvo que los hechos fueron responsabilidad de una facción disidente de las antigua guerrilla de las FARC, que incitó a los campesinos a formar el cordón humanitario y que luego disparó contra los agentes y los trabajadores rurales y lanzó cilindros de gas a modo de morteros.
Se evidenció la responsabilidad de los dos oficiales en la masacre tras las investigaciones realizadas por "parte de la policía judicial con base en los elementos materiales probatorios, las evidencias físicas y la información legalmente recolectada; tal como informes periciales de necropsia, dictámenes médico-legales, informes de trayectorias de proyectiles, informes de explosivos, declaraciones juradas y entrevistas", señaló la fiscalía.
Las diligencias judiciales se llevarán a cabo el 17 de enero en la ciudad de Pasto, capital del departamento de Nariño (suroeste), precisó el organismo investigador.
