"El programa actual finaliza ahora a fin de mes y la prórroga supondría un subsidio de aproximadamente 12.000 pesos (400 dólares, equivalentes a un salario mínimo nacional) y una cobertura de alquiler hasta fin de año y una intensificación de las gestiones para que logren una inserción en el mercado de trabajo; si bien es un borrador, tenemos la firme expectativa de que antes del 31 de enero se pueda aprobar", dijo Mirza, según la radio local Uruguay.
En otros aspectos que no son laborales, los seis hombres que viven en Uruguay desde 2014 han "podido rencauzar sus vidas, pero en cuanto a su inserción en el mercado de trabajo Guantánamo es un estigma muy fuerte que los ha condicionado, incluso en términos prácticos ha sido la razón por la que han sido rechazados en más de una oportunidad; si no hay una intervención clara del Estado uruguayo será muy difícil que consigan un trabajo estable", dijo Mirza.
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Los seis árabes, cuatro sirios, un palestino y un tunecino, fueron enviados a Uruguay en diciembre de 2014 en el marco de un acuerdo entre el entonces presidente de EEUU, Barack Obama (2009-2017), que buscaba cerrar esa prisión ilegal ubicada en territorio cubano, y su par uruguayo José Mujica (2010-2015).
Ellos siempre han dicho que quieren trabajar y no vivir del subsidio, aseguró Mirza.
Uno de los más conocidos es el sirio Jihad Ahmad Deyab, quien no se adaptó al país y realizó varios frustrados intentos de encontrar otro país que lo acogiera.
Deyab realizó una huelga de hambre en 2016 por más de 60 días en reclamo de ser trasladado a un país musulmán donde pudiera reencontrarse con su familia.
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El sirio se hizo conocido por ser uno de los más persistentes huelguistas de hambre en Guantánamo, una prisión para sospechosos de terrorismo inaugurada en 2002 por George W. Bush (2001-2009) y por denunciar en los tribunales estadounidenses el método de alimentación forzosa al que fue sometido cientos de veces, como una práctica equivalente a la tortura.
