"El Decreto 2199 de 2017 [expedido el 27 de diciembre] pretende darle alcance a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que abrió la posibilidad para que los excombatientes de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), postulados a la Ley de Justicia y Paz, que hayan recibido la amnistía, puedan acogerse al sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición", explicó el ministro del Interior, Guillermo Rivera, en un comunicado aclaratorio.
El beneficio, además, solo abarcará a los exguerrilleros comprendidos en la ley de amnistía que extinguió sus delitos y les permite salir de prisión y sumarse a la vida civil por medio de la estatal Agencia para Reincorporación y la Normalización (ARN).
"Como uno de los requisitos es haber recibido algún beneficio de la ley de amnistía, la cual no acoge a los excombatientes paramilitares, el decreto 2199 tampoco tiene alcance para ellos", señaló Rivera.
Más temprano el 28 de diciembre, medios de información de este país y la prensa extranjera, incluida Sputnik, reportaron la noticia del decreto como la posibilidad de que también los exparamilitares tendrían derecho a los planes de reintegración social diseñados para los desmovilizados de las FARC.
Al constatar la confusión, el Gobierno decidió aclarar los términos del decreto."Así las cosas, los miembros de autodefensas [paramilitares] que se desmovilizaron en su momento y se sometieron a la Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz, seguirán su trámite judicial por la vía señalada en esa ley", concluyó Rivera.
En 2006 y tras un proceso de negociación con el Gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010), más de 30.000 personas vinculadas a las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se sumaron a los procesos de desmovilización, desarme y reintegración.
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Como parte del acuerdo, los paramilitares se acogieron a la Ley de Justicia y Paz, que contempla penas máximas de ocho años de cárcel a cambio de colaboración para esclarecer los graves crímenes que cometieron.
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