"El Tribunal de la Corte Nacional acoge argumentos de Fiscalía General del Ecuador y rechaza pedido de suspensión condicional de la pena del vicepresidente Jorge G. al no cumplir con lo dispuesto en el Art. 630, numeral 1 del COIP, es decir, que la pena privativa de libertad no exceda de cinco años", anunció al fiscalía en su cuenta de Twitter tras la audiencia.
La defensa del funcionario justificó la solicitud de suspensión condicional de la pena alegando que la condena a Glas se basó en el Código Penal anterior y no en el que se encuentra vigente desde 2014, donde se establece que la sentencia de primera instancia "se podrá suspender a petición de parte", siempre y cuando el castigo "no exceda de cinco años".
De esa forma, aunque el delito de asociación ilícita contempla una sentencia de seis años en la antigua ley, Glas no debió ser juzgado con esa normativa, sino con la actual, que estipula para el mismo delito una pena de hasta cinco años.
Sin embargo, los jueces aclararon que se usó el anterior Código Penal debido a que los delitos se cometieron cuando aún estaba vigente.
El juez Edgar Flores señaló que el tribunal llegó a la conclusión de que "efectivamente existe el delito de asociación ilícita" y que por ello se emitió la sentencia de seis años, por lo que al no cumplirse los requisitos "no procede el pedido de suspensión condicional de la pena".
Glas permanece desde el pasado 2 de octubre en prisión y el 13 de diciembre fue condenado por la justicia luego de 12 días de juicio.
Aunque aún mantiene la condición de vicepresidente, el 2 de enero vencen los tres meses que, según la Constitución, podía estar ausente del cargo, con lo que su destitución sería inminente.
Juicio político
Además, en el legislativo se prepara su juicio político luego de que un pedido de la oposición fuera aceptado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), mismo que al momento se tramita en la Corte Constitucional.
Sobre Glas pesa también una resolución de destitución por parte de la Contraloría del Estado por irregularidades en la concesión de un campo petrolero cuando se desempeñaba como ministro de Sectores Estratégicos.
El vicepresidente ha ratificado su inocencia y ha dicho que apelará a todas las instancias nacionales e internacionales posibles para demostrar que es un perseguido político.
