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    Un soldado mexicano (Archivo)

    "Oficialismo rechaza voces autorizadas que advierten de militarización en México"

    © AFP 2019 / Yuri Cortez
    América Latina
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    CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el bloque oficialista en el Congreso han ignorado las alertas de "militarización" que entraña la ley de seguridad interior, dijo a Sputnik la directora ejecutiva del Instituto de Derechos Humanos y Democracia (IDHyD), Rocío Culebro.

    "No hay palabras suficientes para describir la actitud del presidente, de los senadores y diputados oficialistas, al hacer oídos sordos ante las voces autorizadas del máximo nivel, como (la Organización de) las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que alertan sobre la militarización del país que instaurará la ley de seguridad interior", dijo Culebro.

    La iniciativa a la que el pleno del Senado aprobó por 76 votos a favor, 44 en contra, tres abstenciones y cinco ausencias, plantea que los militares combatan al crimen organizado.

    "Nunca se había visto en la historia de este país que todos los relatores y comisiones de la ONU y de la OEA (Organización de los Estados Americanos) manifiesten al unísono su enorme preocupación por una ley que otorga un poder indiscriminado al Ejército y a la Marina sobre las autoridades civiles", lamentó la experta.

    El proyecto de ley que establece el marco jurídico para que los militares combatan al crimen organizado en tareas de seguridad pública, fue modificado en el Senado en una decena de sus 34 artículos, por lo cual fue devuelto a la cámara baja, para su aprobación final.

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    Con la iniciativa presentada por Peña Nieto "en pleno siglo XXI, México entra a la etapa de un Estado autoritario y militarizado, un desastre que ya vivieron otros países latinoamericanos", resumió Culebro.

    Expertos de la ONU señalaron horas antes de la votación que el proyecto "carece de mecanismos sólidos de control que garanticen que las operaciones se lleven a cabo con pleno respeto de los derechos humanos".

    Las experiencias en países donde los militares "vigilan" el orden público "han demostrado que, una vez que tienen esas facultades, se altera dramáticamente el orden político y social y la vida pública se militariza", prosiguió la directora de IDHyD, que integra la red mexicana Seguridad sin Guerra", junto a casi 300 organizaciones civiles y especialistas que rechazan el proyecto de ley.

    Fase final del proceso legislativo

    La Cámara Diputados de México aprobó el 15 de diciembre por mayoría la controvertida Ley de Seguridad Interior que avala a los militares para combatir al crimen organizado en tareas de seguridad pública, para que el presidente Enrique Peña Nieto la promulgue.

    Una década después de que los militares fueron desplegados en operaciones contra enclaves del crimen organizado, por el entonces presidente Felipe Calderón, la legislación propuesta hace más de un año por Peña Nieto regula finalmente las acciones de las Fuerzas Armadas en las calles.

    "Es tan fácil otorgar estos poderes a los militares que es a todas luces inconstitucional, como advierten especialistas y universidades de alto prestigio, aun cuando se vote con algunas modificaciones cosméticas", dijo la especialista.

    Peña Nieto ofreció la semana pasada apertura al diálogo con la sociedad civil.

    "Esa promesa no se cumplió, los senadores solo se prestaron a reuniones para simular que escuchaban voces a favor y en contra, pero evidentemente no se estableció ningún diálogo", relató Culebro, que participó de los debates legislativos.

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    Culebro se preguntó si los mismos senadores y diputados "saben exactamente qué hay detrás de una decisión que cambia radicalmente el rumbo del Estado de derecho en este país: me temo que lo que está detrás es buscar un manto de impunidad", puntualizó.

    La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con sede en Ginebra, destacó que es "un hecho sin precedentes" el pronunciamiento conjunto contra el proyecto de siete procedimientos especiales, que incluye a dos grupos de trabajo, sobre Desapariciones Forzadas y sobre Detención Arbitraria, y cinco relatores especiales.

    Además de la ONU y la CIDH, Amnistía Internacional, Artículo 19 y Seguridad sin Guerra se oponen tajantemente a la ley que podría quedar lista para su promulgación presidencial el 15 de diciembre.

    Además:

    Comisionado de ONU para DDHH pide a México rechazar proyecto de ley de Seguridad Interior
    Alto Comisionado de ONU preocupado por ley que avala rol de militares en México
    Organismos de DDHH de México rechazan legalizar rol de militares en seguridad pública
    Etiquetas:
    militarización, seguridad, México
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