El oficialismo aprobó la ley con 262 votos a favor, 25 en contra, cero abstenciones y con la ausencia de 213 representantes opositores, que intentaron a última hora boicotear la votación, informó el presidente de órgano Carlos Ramírez Marín, del Partido Revolucionario Institucional (PRI, gobernante).
Una década después de que los militares fueron desplegados en operaciones contra enclaves del crimen organizado, por el entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012), la legislación propuesta hace más de un año por el mandatario regula las acciones de las Fuerzas Armadas en las calles.
Los diputados que acudieron al gran salón del Palacio Legislativo de San Lázaro eludieron los trámites previstos en las comisiones encargadas de redactar un dictamen y procedieron a la votación para evitar más debates.
Los oficialistas y un puñado de panistas, disidentes de su dirección nacional, autorizaron a toda prisa los diez cambios al documento que votó el Senado, en una maratónica sesión de 15 horas que terminó después de las 03.00 de la madrugada, y que envió a los la Cámara de Diputados después de las 06.00 de la mañana.
Con la ley aprobada el presidente Peña Nieto podrá declarar la urgencia de intervención militar en tareas de seguridad pública y reemplazar a las autoridades civiles y policiales.
Expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH), Amnistía Internacional y la red de casi 300 organizaciones civiles de la red "Seguridad Sin Guerra" estiman que la ley abre la puerta a la "militarización del país".
Los expertos de la ONU señalaron que el creciente papel de los militares, "en ausencia de mecanismos control y de rendición de cuentas", podría provocar "la repetición de violaciones de derechos humanos como las cometidas desde que se asignó a las Fuerzas Armadas un papel protagónico en la lucha contra la criminalidad".
Según la red "Seguridad sin guerra", la guerra frontal contra el crimen organizado en la que los militares han cometido graves violaciones a los derechos humanos ha dejado en una década un saldo de 213.000 homicidios dolosos y más de 30.942 personas desaparecidas.
