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Congreso de Brasil pospone tratamiento de reforma de pensiones

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RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La reforma de las pensiones que propone el Gobierno de Brasil se tratará en el Congreso el 5 de febrero para que luego sea votada alrededor del 19 de ese mismo mes, informó este jueves el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, tras reunirse con el relator de la iniciativa, Arthur Maia.

"El día 19 (…) vamos a comenzar la votación de la reforma de pensiones, la fecha se eligió para que cada diputado pueda organizar su programación y que podamos votar esta ley (…) porque es fundamental para Brasil", declaró Rodrigo Maia, según informa la estatal Agencia Brasil.

Michel Temer, presidente brasileño (archivo) - Sputnik Mundo
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Sindicato brasileño amenaza con huelga si Temer lleva a votación reforma de pensiones
La reforma del sistema de pensiones lleva encallada desde hace casi un año debido a su impopularidad entre la opinión pública, al miedo de los aliados de vincularse excesivamente al Gobierno de Michel Temer y a que se necesita una amplia mayoría (dos tercios de los votos del plenario), puesto que exige modificar la Constitución.

La reforma prevé establecer por primera vez una edad mínima de jubilación (65 años para los hombres y 62 para las mujeres), además de elevar los años de cotización necesarios para cobrar la pensión completa y es una de las principales medidas de la agenda económica de corte neoliberal del Gobierno de Temer.

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Al presentar la nueva versión del texto, Arthur Maia aclaró que la reforma no se aplicará inmediatamente y que la edad mínima para el retiro irá subiendo de a poco a lo largo de 20 años.

"Vamos a corregir el texto, pero que mantenga los contenidos, en los que los derechos sean iguales para todos, que los funcionarios públicos tengan los mismos derechos que los del régimen general", añadió por su parte el presidente de la Cámara de Diputados.

El Gobierno considera que la reforma imprescindible para garantizar las pensiones en el futuro y reducir el déficit público, pero la oposición y los sindicatos consideran que supone un retroceso.

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