"Nos dimos cuenta al empezar la investigación que tanto el Estado boliviano como la sociedad llegábamos tarde a entender qué era un paraíso fiscal y qué parte de la elite llevaba 30 años sabiendo qué era un paraíso fiscal y moviéndose muy bien en un paraíso fiscal", afirmó el legislador.
Canelas hizo esa afirmación al presentar en la Asamblea Legislativa el informe con las conclusiones de la comisión que investigó —desde mayo de 2016— a las compañías privadas bolivianas que figuran en los papeles de Panamá.
En ese marco, el legislador del Movimiento al Socialismo (MAS) explicó que las transferencias que hicieron grupos empresariales hacia territorios liberados de impuestos, no tuvieron control ni seguimiento por parte de las entidades de supervisión financiera nacional y "aplazó" a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) que justificó la existencia de los "paraísos fiscales".
"Si tenemos que ponerle un aplazo a alguien, se lo ponemos a la Unidad de Investigaciones Financieras", sentenció Canelas al señalar que esta entidad estatal no aportó datos a la investigación legislativa y, por el contrario, argumentó que "los paraísos fiscales eran una ampliación del sistema financiero internacional".
La UIF es una entidad pública especializada en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y delitos precedentes creada mediante la ley 1768 en marzo de 1997.
Tras el evaluar los procedimientos tanto del Banco Central de Bolivia (BCB), la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y el Sistema Impuestos Nacionales (SIN), Canelas expresó su desaliento porque la comisión constató la falta de coordinación entre estas entidades.
Denunció además que durante el proceso de investigación, las oficinas de la comisión legislativa fueron objeto de un par de asaltos y sus integrantes blanco de amenazas de juicios por parte de quienes se vieron envueltos en los papeles de Panamá.
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El 11 de diciembre, la Asamblea Legislativa aprobó el informe de la comisión de senadores y diputados y derivó los casos en los que se sospecha que se cometieron daños al Estado boliviano tanto al Ministerio Público, al Servicio de Impuestos Nacionales y la Procuraduría General del Estado para que profundicen las indagaciones.
