"Todos aquellos chilenos que han sido condenados a penas de hasta tres años y todos aquellos privados de libertad cuyos procesos están en tramitación, sin condena aún, mantienen su calidad de ciudadanos y su derecho a sufragio permanece intacto", señalaron los jueces de la asociación a través de un comunicado de prensa.
"El derecho a sufragio está garantizado constitucionalmente para todo chileno mayor de 18 años que no haya sido condenado a pena aflictiva, esto es, a una pena de tres años y un día hacia arriba", explicaron los jueces.
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También advirtieron que durante la primera vuelta de las elecciones, celebrada el pasado 19 de noviembre, "el referido derecho constitucional no fue viabilizado por los órganos del Estado" y pidieron que esto no se repita en el balotaje.
En octubre pasado una agrupación de reos representados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentaron un recurso de protección para que el Servicio Electoral facilitara locales de votación en los recintos penitenciarios.
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Sin embargo, debido a una descoordinación con las otras instituciones involucradas, el Servicio Electoral no pudo llevarlo a cabo.
