"La Sección Tercera, Subsección C, del alto tribunal estableció que la Nación —Ministerio de Defensa y Ejército Nacional- es responsable del daño por falla en el servicio causado por la muerte violenta de estos tres ciudadanos, ocurrida el 28 de febrero de 2008", indicó el Consejo de Estado en un comunicado.
De acuerdo con el expediente, el hombre contactó a los jóvenes en Cali y los invitó a desenterrar un dinero que supuestamente escondía el propietario de una finca en Potrerillos bajo la promesa de que entre todos se repartirían el botín.
Sin embargo, al llegar al lugar los muchachos se encontraron con militares del Batallón CR. Jaime Rooke, del Ejército de Colombia, quienes permanecían en la finca desde hacía dos días y quienes les dispararon, luego de lo cual los presentaron ante sus superiores como delincuentes que buscaban secuestrar al propietario de la hacienda.
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Aunque la defensa de los militares alegó que estos se enfrentaron con los jóvenes, el Consejo de Estado concluyó que ese escenario era improbable, ya que las víctimas murieron por disparos producidos a corta distancia.
Los "falsos positivos" fueron cometidos en Colombia justamente durante el Gobierno del derechista Álvaro Uribe (2002-2010) y con ellos los militares buscaban hacerse con prebendas y beneficios mientras hacían pasar a civiles como guerrilleros muertos en combate.
Los tribunales colombianos han condenado a más de 800 miembros del Ejército por ejecuciones extrajudiciales, en su mayoría soldados y suboficiales, mientras que las autoridades no han llevado a cabo investigaciones exhaustivas sobre los altos mandos del Ejército colombiano y, por el contrario, han ascendido de rango a militares presuntamente implicados en esos hechos.
