"Solo puede soltar quien puede determinar prisión", aseguró al emitir su voto el juez Abel Gomes, que considera que el parlamento del estado de Río de Janeiro actuó contra la Constitución al determinar que los tres políticos que habían sido presos de forma preventiva quedaran en libertad, según recoge el portal UOL.
Sus abogados alegan que el procedimiento es inverso a lo que marca la ley, porque se aplica una condena antes de que hayan sido juzgados.
Además, remarcan que no hay riesgo de fuga ni de destrucción de documentos que justifique una prisión preventiva.
Aseguró que el Tribunal Supremo Federal podría actuar y obligar a que el parlamento de Río sea intervenido por el Gobierno central, lo que equivaldría a anular la autonomía legislativa del Estado de Río.
Las acusaciones que pesan contra los tres políticos (corrupción, asociación delictiva, blanqueo de dinero y evasión de divisas) se enmarcan en la operación "Cárcel Vieja", un desdoblamiento de la Operación Lava Jato.