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    Defensores de DDHH en Colombia cuestionan cambios del Senado en Jurisdicción para la Paz

    © CC BY 2.0 / Diego F. Garcia P. / Congreso de la República de Colombia
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    BOGOTÁ (Sputnik) — Diferentes organizaciones sociales de Colombia rechazaron las restricciones que decidió el Senado para que defensores de derechos humanos puedan participar como magistrados en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que juzgará a guerrilleros que participaron en el conflicto armado.

    De acuerdo con las organizaciones, la decisión tomada en la Cámara Alta "constituye un ataque directo a la legítima labor de las y los defensores de derechos humanos y una vulneración al derecho de las víctimas de crímenes de Estado de ser representadas ante instancias judiciales para el restablecimiento de sus derechos".

    La misiva fue firmada, entre otros, por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y por el Proceso Social de Garantías para Defensores de Derechos Humanos.

    Los activistas cuestionaron las inhabilidades a defensores de derechos humanos y que fueron impulsadas por las bancadas del tradicional Partido Conservador y de los derechistas Cambio Radical y Centro Democrático, este último liderado por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).

    De aprobarse en Diputados, la iniciativa impediría la posesión de magistrados que hayan representado actuaciones relacionadas con el conflicto armado, que pertenezcan o hayan pertenecido a entidades que "hayan ejercido dicha representación", y quienes hayan representado reclamaciones en contra del Estado en materia de violaciones a los derechos humanos, al Derecho Internacional Humanitario o al Derecho Penal Internacional.

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    Para las organizaciones sociales y de víctimas, este hecho "evidencia que la estrategia de garantizar la impunidad para los agentes estatales y terceros responsables de graves violaciones de derechos humanos y crímenes contra la humanidad está dando resultados".

    Asimismo, indicaron que "la preocupación es que políticos, empresarios y altos mandos del Ejército y la policía tengan que responder por sus crímenes, decir la verdad, reparar a las víctimas y comprometerse con garantías de no repetición".

    La medida adoptada por el Senado significa que en adelante la JEP será "sólo aplicable a los exguerrilleros de las FARC" y que ministros, congresistas, procuradores, entre otros, ya no estarán obligados a responder por los crímenes de que han sido acusados.

    Con la medida, consideran que "la extrema derecha del país ha logrado su cometido".

    Por último, indicaron que las inhabilidades constituyen un "nuevo ataque a los defensores de derechos humanos" en el país, la cual se suma a la campaña sistemática de persecución, amenazas y asesinatos que entre 2016 y 2017 cobró la vida de más de 188 personas.

    La JEP es considerada el eje fundamental del Acuerdo Final de Paz, pero su aprobación estuvo detenida en el Congreso durante tres semanas por falta de quórum, el cual sólo se logró tras la determinación de la Corte Constitucional.

    Ahora el trámite seguirá su curso en la Cámara de Representantes para que pueda ser implementado.

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    FARC, JEP, Colombia
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