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    Implantación de tercera planta de celulosa en Uruguay condiciona soberanía del Estado

    © AP Photo / Fernando Vergara
    América Latina
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    MONTEVIDEO (Sputnik) — El contrato entre el Gobierno de Uruguay y UPM, empresa finlandesa productora de pasta de celulosa, limita el poder de los tres poderes del Estado uruguayo: ejecutivo, judicial y legislativo, dijo a Sputnik el exfiscal y abogado Enrique Viana.

    "Se condiciona la voluntad de los tres poderes del estado", dijo Viana quien se desempeñó durante 26 años como fiscal y dejó su cargo el pasado 1 de noviembre.

    UPM firmó un preacuerdo con el Gobierno uruguayo para llevar a cabo la implantación de su segunda planta en ese país, en el que quedan establecidas las condiciones a las que deben ajustarse las partes previo a un contrato definitivo.

    Así, Uruguay se compromete a hacer cambios en el sistema educativo para asegurar a la industria la provisión de mano de obra calificada, invertir en millonarias obras de infraestructura y altas exoneraciones fiscales para la firma finlandesa.

    La empresa, por su parte, deberá contratar mano de obra uruguaya en una relación mínima de 75:25 (75% de trabajadores uruguayos y 25% de trabajadores extranjeros), cumplir con los estándares ambientales exigidos por Uruguay y contribuir al menos por diez años en un Fondo de Innovación Sectorial impulsado por el país sudamericano.

    Para Viana, lo más preocupante del acuerdo es la "cláusula de congelamiento del derecho, de blindaje o cláusula de la estabilidad o seguridad jurídica" que limita al Estado en cuanto a la redacción de futuras leyes que "si la empresa entiende que le causan perjuicios a su ecuación económica financiera tiene derecho a reclamar una indemnización".

    Según el experto, esta condición debería invalidar el acuerdo por ser inconstitucional y atentar contra la soberanía de su país.

    "Si nosotros condicionamos el dictado de las leyes a la voluntad de una empresa privada extranjera, si nosotros supeditamos nuestra voluntad legislativa que en realidad es del pueblo a la voluntad de una empresa privada indefectiblemente estamos afectando a la soberanía del Estado", insistió.

    Inconstitucional

    De acuerdo a Viana, el texto provisorio que firmaron las partes, como el que pueda ser definitivo, son inconstitucionales, además de ser diferentes a los Tratado de Libre Comercio (TLC) que se implementan entre Estados.

    "(Los acuerdos) son inconstitucionales porque cuando usted entrega la soberanía legislativa, entrega algo que no puede entregar y no solo entrega la soberanía legislativa entrega también el Poder Judicial, en la medida que establece esa cláusula de prorroga que impide a los jueces nacionales juzgar las relaciones entre el Estado y la empresa inversora", aseveró Viana.

    Según el letrado, estos acuerdos se diferencian a los TLC que sí están regulados en Uruguay porque la norma dice que deben ser suscriptos por el Gobierno y luego refrendados por el parlamento.

    "Incluso la Constitución habla de contratos y tratados pero con otro Estado (y que) necesitan necesariamente seguir ese procedimiento", aclaró.

    A pesar de que el contrato entre Uruguay y UPM solo se manejó en la órbita del Ejecutivo, no puede ser declarado inconstitucional a causa de un vacío legal, añadió.

    "En Uruguay, un contrato no puede ser declarado inconstitucional, al no existir ley no podemos atacar; la única circunstancia es pedir la nulidad del contrato por violar las normas de orden público de la Constitución", explicó Viana, quien enfatizó que de todas maneras el contrato es "ilegal" porque no tiene ninguna ley que habilite al Gobierno a firmar contratos de inversiones.

    Por otra parte, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Uruguay, Álvaro García, dijo en entrevista con el periódico local La Diaria que todo lo acordado está respaldado legalmente.

    "Si hay algo que es muy claro es que todo lo que está planteado está en el marco de la ley", dijo a La Diaria uno de los principales negociadores del Gobierno y agregó que "en algún momento hubo planteamientos de cosas que no estaban en las manos del Gobierno porque eran ilegales".

    La segunda planta de celulosa de la empresa finlandesa UPM en Uruguay, la tercera que albergará el país sudamericano, estaría ubicada en el departamento de Durazno (centro), muy cerca del poblado Centenario.

    Se estima que esta nueva planta aumentaría en 2% el Producto Interno Bruto de Uruguay.

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    Uruguay