"La participación de las Fuerzas Armadas de México en atención al crimen organizado forma parte de las tareas de acompañamiento temporal a las autoridades locales y responde a los enormes retos que plantea el tráfico internacional de armas y drogas, que afecta de manera particular a nuestro país", respondió la cancillería en un posicionamiento escrito.
La diplomacia del Gobierno mexicano dijo que "valora la labor de WOLA y las organizaciones de la sociedad civil (…) que han tenido un papel esencial en la consolidación del nuevo sistema de justicia penal y la construcción de la Fiscalía General de República (aún sin titular por desacuerdos en el Senado), las leyes de combate a la tortura y a la desaparición de personas".
No obstante, salió en defensa de la participación de las Fuerzas Armadas de México en el combate al crimen organizado.
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Esa misión de los militares en tareas de seguridad pública, que corresponde a las policías y autoridades civiles, "responde a los enormes retos que plantea el tráfico internacional de armas y drogas, que afecta de manera particular a nuestro país", replicó la Secretaría de Relaciones Exteriores.
EEUU culpalbe
La nación sudamericana invitó a la WOLA a reflejar "los desafíos que acarrea el tráfico indiscriminado de armas desde los Estados Unidos hacia el territorio mexicano, los flujos de capital a organizaciones criminales, así como los efectos del trasiego de drogas a través de México, con destino a ese país vecino".
El documento de 40 páginas de la WOLA, organización creada en 1974 para documentar las violaciones a derechos humanos perpetradas por las dictaduras militares en América Latina, dijo que su investigación fue elaborada con base en datos el Gobierno mexicano.
Esas informaciones oficiales "permitieron revelar las deficiencias en las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) y en los juicios sobre abusos militares", concluyó el organismo estadounidense.
La PGR "no ha responsabilizado a los militares por violaciones a derechos humanos", denunció la coordinadora para México de WOLA y autora principal del informe, Ximena Suárez-Enríquez.
Eso significa que durante el periodo comprendido entre esos años la PGR solo tuvo éxito en el 3,2% de sus investigaciones, en las que se encontró que "las Fuerzas Armadas son responsables de la situación actual", lamentó la WOLA, que logró estas estadísticas mediante una serie de solicitudes de acceso legal a la información federal.
Los jefes de las Fuerzas Armadas de México ordenan a sus tropas "abatir a civiles o tirar a matar", instrucciones castrenses que se han cumplido "prácticamente con total impunidad", añade la organización.
Testimonios incluidos en el informe indican que los soldados mexicanos que reciben y cumplen órdenes son perseguidos por cometer violaciones a derechos humanos, pero el desenlace judicial es a su favor en casi en todos los casos.
