Sobre Santos, la fiscalía explicó que su abstención se debe a que este "firmó un Acuerdo de Cooperación Premiada con la Procuraduría General de Brasil que fue homologado por el Tribunal Supremo Federal".
El texto de dictamen explica que el delator de Odebrecht cuenta ya con sanciones penales en su contra: una pena de ocho años de reclusión, el uso permanente de grillete, 22 horas mensuales de servicio a la comunidad y el pago aproximado de 1,5 millones de dólares.
También se le ha impuesto la confiscación de bienes muebles o inmuebles y la prohibición de contratar con entidades públicas.
24 de octubre 2017, 00:48 GMT
La fiscalía sostiene que no puede acusar a Santos debido a que ya fue sancionado "por la normativa y la justicia brasileña y, actualmente, está cumpliendo una condena", es decir, "una persona no puede ser juzgada y/o sentenciada dos veces por un mismo hecho".
Los otros brasileños que no fueron acusados por el Ministerio Público son: Mauricio Grossi, Ricardo Vieira y Claudemir Simoes; a esta lista se suma además el ecuatoriano José Catagua.
Al momento se espera conocer si el vicepresidente Jorge Glas será o no llamado a juicio y de cuáles delitos se le acusará.