Un punto de acuerdo aprobado por la Cámara Alta pide a la Cancillería mexicana que solicite al presidente Trump y a la Sección de Clemencia, Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas, "que se suspenda la ejecución de la pena capital", programada para la tarde del miércoles 8 de noviembre.
El Senado sostiene que "desde el momento de su detención e interrogatorio, el 23 de febrero de 1997, hubo violaciones al debido proceso, y no contó con un abogado defensor, sino hasta 9 días después de su detención".
Los abogados del condenado pidieron análisis genéticos de ADN en las pruebas, para determinar que los restos de tejido que se encontraron en el cuerpo de la víctima coinciden con los del inculpado, pero no hubo respuesta judicial.
Hace casi 20 años, el 29 de julio de 1998, el tribunal municipal de Mc Allen, Texas, declaró culpable a Rubén Cárdenas por los delitos de secuestro, violación y homicidio en contra de Mayra Laguna, y lo condenó a muerte.
De acuerdo con la organización global, hasta septiembre de 2017, 105 países han abolido la pena de muerte para todos los delitos; sin embargo, en EEUU, de 1976 a 2017, han sido ejecutadas 1.463 personas, entre ellas 16 mujeres.
De ese total 11 hombres eran mexicanos: "10 fueron ejecutados en Texas y uno en Virginia, con una edad promedio de 36 años" detalla el punto de acuerdo senatorial.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también instó a las autoridades de EEUU a suspender la ejecución de Rubén Ramírez Cárdenas, beneficiario de "medidas cautelares (de urgencia)" del organismo continental programada para el miércoles 8 de noviembre en Texas.
La CIDH urgió a EEUU a otorgarle al condenado "una reparación efectiva, que incluya la revisión de su juicio conforme a las garantías del debido proceso y de un juicio justo previstas en la Declaración Americana (1951), incluido el derecho de representación legal competente".
