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    BOGOTÁ (Sputnik) — Alrededor de 780 familias del puerto colombiano de Buenaventura (suroeste) están en riesgo de ser víctimas de violaciones a los derechos humanos por la situación de violencia en la región, alertó la Defensoría del Pueblo.

    "Se estableció que por lo menos 778 familias están en riesgo en los consejos comunitarios de Juanchaco (500 familias), Ladrilleros (178) y La Barra (110)", señaló el organismo.

    Asimismo, agregó que se aumentó el riesgo en tres comunas (conjuntos de barrios) de la cabecera municipal de Buenaventura.

    Los grupos armados ilegales que amenazan a la comunidad son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC, paramilitarismo), una banda criminal que se denomina 'La Gente del Orden' y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que no obstante ha cesado sus acciones con ocasión del cese del fuego bilateral y de hostilidades con el Gobierno central.

    De acuerdo con el organismo, estas estructuras están presentes en barrios de las zonas urbanas.

    "En algunos de los delitos ocurridos presuntamente estarían involucradas estas estructuras como son las amenazas, los homicidios selectivos, el reclutamiento forzado y la utilización de niños, niñas y adolescentes contra la integridad sexual, desplazamientos forzados individuales y masivos y las extorsiones", precisó la Defensoría.

    Asimismo, informó que recién se presentó el desplazamiento forzado de una familia luego de que miembros de las AGC "amenazaron con reclutar a los menores de edad integrantes de la misma", y que en el casco urbano de Buenaventura "hombres armados que se identifican como "La Gente del Orden" también buscan jóvenes que hayan prestado servicio militar para pagarles un millón de pesos (unos 330 dólares) por sus "servicios".

    Otros de los casos, según la institución, se relacionan con extorsiones por parte de los paramilitares a los conductores de lanchas en las que se transporta carga y pasajeros entre Buenaventura (principal puerto sobre el Pacífico colombiano) y otras regiones.

    La Defensoría también documentó denuncias según las cuales "sujetos buscan llevarse a la fuerza a jovencitas para sostener relaciones sexuales y por lo cual ha habido familias que debieron desplazarse".

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    Ante la situación la Defensoría del Pueblo solicitó a autoridades locales y otras dependientes del Gobierno central adoptar las medidas necesarias para mitigar o eliminar el riesgo de vulneraciones de los derechos humanos a los pobladores de Buenaventura.

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    Etiquetas:
    grupos armados, violencia, Buenaventura, Colombia
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