La cartera expidió la Directiva 037 de 2017, "que caracteriza aquellos grupos integrados por sujetos antes pertenecientes a las desaparecidas FARC como Grupo Armado Organizado (GAO)", y le brinda a la Fuerza Pública "el marco jurídico para hacer uso de todos los instrumentos legales" en su lucha, indica el comunicado.
El documento "fortalece el trabajo conjunto" para que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional puedan actuar "de manera contundente frente a las nuevas estructuras que no se acogieron al acuerdo de paz con el Gobierno Nacional", firmado con las FARC en noviembre de 2016.
La directiva también asignó como "objetivos de alto valor estratégico" a los cabecillas de las estructuras conformadas por disidentes de las FARC, así como a los líderes de otros grupos ilegales entre los que se cuentan el Clan del Golfo (disidencia del paramilitarismo de extrema derecha), Los Puntilleros y Los Pelusos (antigua guerrilla del Ejército Popular de Liberación).
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Según la FARC, ahora convertida en partido político de izquierda con el nombre de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, alrededor de 400 de sus hombres no se acogieron al acuerdo de paz con el Gobierno y ahora son disidentes, mientras que la inteligencia militar cifra la cantidad en cerca de 700, presentes en 30 municipios del país.
