"Estos hechos no tienen relación con la problemática afrontada por Colombia a partir del año 2002, conocida como 'falsos positivos'", ya que se trató de "presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas en la década de los noventa", dijo la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado colombiano en un comunicado conocido durante la audiencia, transmitida en streaming por el organismo.
Sin embargo, el Estado presentó excusas a los familiares de las víctimas mortales, recordó que ya se les reparó a nivel interno y que se han adoptado medidas de no repetición.
Asimismo, manifestó que la problemática de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia no corresponde a una política de Estado, y que con base en las pruebas aportadas para la audiencia que se desarrolló el martes y este miércoles no se puede concluir la existencia de un patrón de encubrimiento.
El caso se relaciona con las alegadas ejecuciones extrajudiciales de Gustavo Giraldo Villamizar Duran, el 11 de agosto de 1996; Elio Gelves Carrillo, el 28 de mayo de 1997; Carlos Arturo Uva Velandia, el 21 de junio de 1992; y Wilfredo Quiñónez Bárcenas, José Gregorio Romero Reyes y Albeiro Ramírez Jorge, el 4 de septiembre de 1995.
"La Comisión estableció que todas estas muertes habrían ocurrido a manos de agentes de seguridad del Estado y tuvieron lugar en el contexto denominado como 'falsos positivos', consistente en alegadas ejecuciones extrajudiciales en el marco del conflicto armado", indicó la Corte IDH.
Asimismo, agregó que el modus operandi se caracterizaba por la muerte de civiles durante operativos, quienes posteriormente eran presentados al público como miembros de grupos armados ilegales dados de baja en combate.
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En los próximos días el Estado colombiano deberá presentar sus alegatos escritos y quedará a la espera de la decisión definitiva que adopte la Corte IDH, que deberá decidir si condena o no al Estado por esos hechos.
