"Estamos ante una aberración que no puede prosperar", aseguró en un video divulgado a través de las redes sociales el presidente del Sindicato Nacional de los Auditores Fiscales del Trabajo (Sinait), Carlos Silva, quien además de las movilizaciones anunció medidas judiciales contra el Gobierno.
Silva aseguró que este cambio legal, publicado el lunes 16, intenta "acabar con la política nacional de erradicación del trabajo esclavo" y, además de ser inconstitucional, hiere todos los compromisos internacionales que Brasil firmó para la erradicación de esta práctica.
Según las nuevas reglas, las jornadas de trabajo extenuantes y en condiciones degradantes no serán suficientes para ser clasificadas como trabajo "análogo a la esclavitud", pues para ello tendrá que haber restricción a la libertad del trabajador.
Hasta ahora, esa potestad correspondía a la División de Fiscalización para la Erradicación del Trabajo Esclavo, dependiente del Ministerio de Trabajo pero con perfil técnico y cierta autonomía, pero a partir de ahora dependerá de la "determinación expresa del ministro", un cargo político.
El Gobierno justificó los cambios en la necesidad de dar más seguridad jurídica a las empresas, alegando que es difícil llegar a un consenso sobre lo que son "condiciones degradantes" o una "jornada extenuante".
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Las críticas no tardaron en llegar, procedentes de movimientos sociales, partidos de la oposición e incluso de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Para Cardoso la medida es "un retroceso inaceptable" que desfigura los avances conseguidos desde 1995, cuando su Gobierno puso en marcha los primeros grupos móviles de control que son la base del actual sistema del combate a la esclavitud contemporánea en Brasil.
"En un país como el nuestro, en el cual la esclavitud marcó tanto la cultura, es inaceptable dificultar la fiscalización de tales prácticas; espero que el presidente de la República reconsidere esta decisión desastrosa", sostuvo Cardoso en su cuenta de Facebook.
El cambio en las reglas que determinan el control del trabajo esclavo en Brasil es una reivindicación histórica de los diputados que defienden intereses del sector agrícola y ganadero, así como de la industria textil y de la construcción, por su orden las ramas de actividad que más incurren en este tipo de prácticas ilegales.
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El presidente Temer necesita muchos votos en la Cámara de Diputados para archivar una denuncia por corrupción, por lo que los críticos ven la medida como una concesión a estos diputados que le garantizarían que no resulte enjuiciado.
