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    MONTEVIDEO (Sputnik) — La Suprema Corte de Justicia (SCJ) de Uruguay analizará el recurso presentado por una mujer para que su hija de cinco años no sea enviada a España, donde reside el padre, a quien la madre acusa de haber abusado de la niña.

    “No sabíamos si la Suprema Corte de Justicia iba a tomar el caso, así que estoy agradecida; fueron días muy intensos, de muchos nervios, miedo (…) pero tengo confianza y fe porque sé que están todos los elementos para salvar a mi hija con todo lo que pasó”, señaló a Sputnik la madre de la niña, conocida simplemente como María.

    El pasado martes la SCJ suspendió de forma temporal la orden de restitución de la niña al país donde nació, España, aceptando así el recurso de revisión presentado por la defensa de la mujer, quien lleva una batalla judicial desde hace más de un año, cuando denunció que su hija pudo haber sido abusada sexualmente por su padre también residente en España.

    En abril de 2016 la mujer viajó con su hija desde España a Uruguay para pasar unos días de vacaciones, por lo que el padre, de quien María está separada, autorizó que la niña permaneciera esos días en el país sudamericano, pero la estancia se alargó más de lo previsto.

    Ya en ese mismo viaje, la niña hizo unos dibujos que alarmaron a la madre, y una vez que aterrizaron en Montevideo y transcurrieron varios días, la niña siguió comportándose de manera extraña: se negaba, por ejemplo, a abrazar a cualquier miembro de la familia que fuera hombre, según el relato de María.

    “Mi plan no era quedarme acá, yo iba a volver a España (tras las vacaciones) y me iba a mudar con mi hija, lo íbamos a arreglar legalmente”, dijo María a esta agencia refiriéndose a la separación del padre de su hija.

    Sin embargo, María suspendió el viaje y acudió a varias psicólogas, cuyos diagnósticos mencionaron señales de que la niña pudo ser víctima de abuso sexual. Fue entonces cuando decidió quedarse en Uruguay.

    El hombre, por su parte, denunció a María por presunta sustracción de la niña, pues solo había autorizado que la menor viajara fuera de España durante unos días de vacaciones y negó las acusaciones de abuso sexual.

    María denunció además en un juzgado de violencia doméstica de Uruguay amenazas supuestamente emitidas por su expareja a través del teléfono y en redes sociales y recibió protección policial para sí y para su hija en junio de este año.

    Pero un fallo judicial en diciembre del año pasado encontró que la permanencia de la niña en Uruguay era irregular y ordenó retornarla a España; el mismo mes un Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia, pero tomó en cuenta las alegaciones de abuso sexual y recomendó a las autoridades españolas garantizar la seguridad de María y de su hija con medidas como una orden de alejamiento para el padre.

    “El padre tuvo entonces un plazo de 30 días para responder, pero no lo hizo y ese plazo caducó; además, en otras dos audiencias celebradas en España donde se le pregunta si va a cumplir esas medidas él responde que no”, dijo María a esta agencia.

    En marzo de 2017 la justicia española archivó el caso al considerar que esas garantías de seguridad no podían ofrecerse y el retorno de la niña no se llevó a cabo.

    Sin embargo, tiempo después el padre apeló, asegurando que respetaría la prohibición de acercarse a su expareja y a su hija.

    Así, la jueza uruguaya de Familia, Rossana Pose, dispuso que la menor regresara a España.

    “Mi hija va a estar bien protegida, va a estar con psicólogos y no me voy a acercar a ella, no les va a faltar nada; acepté todo con tal de que viniera”, dijo a principios de este mes el padre de la menor al noticiero uruguayo Telemundo, y añadió: “No la voy a abandonar jamás, no tengo miedo porque digo la verdad; estoy firme, amo a mi hija”.

    Sin embargo, los abogados de María decidieron apelar a la SCJ, que suspendió el viaje, ordenado para el 4 de este mes, estableciendo un período para revisar el caso.

    “Ahora la Suprema Corte de Justicia de Uruguay revisará todo lo que ha ocurrido hasta ahora considerando nuestros argumentos en el escrito”, dijo a Sputnik la abogada de María, Virginia Salvo, quien aseguró haber presentado pruebas y testigos.

    El proceso llevará entre cinco y seis meses, estimó la abogada.

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    Etiquetas:
    abuso sexual, explotación sexual de menores, España, Uruguay
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