"El día de hoy vamos a suscribir el documento para dar inicio al nuevo proceso de enjuiciamiento político al vicepresidente; el Ecuador y su pueblo no merecen ser representados por una persona que esté con orden de prisión preventiva, que está acusado por el fiscal del Estado, por el procurador del Estado", dijo este martes a la prensa el legislador por el Partido Social Cristiano (PSC), Henry Cucalón.
Él junto a otros parlamentarios firmaron una enorme pancarta simbólica que llevaba el título de "Juicio Político a Jorge Glas".
El legislador por el partido SUMA, Guillermo Celi, también explicó a los medios de comunicación que el pedido que presentará la oposición "es un pedido único de juicio político" al que están "aportando todas las bancadas para enriquecerlo y que hoy estamos firmando".
Lea también: Vicepresidente de Ecuador califica de "venganza" nuevas revelaciones de Odebrecht
El juez Miguel Jurado ordenó la detención de Glas con fines investigativos, aunque el fiscal de la nación, Carlos Baca, anunció que existen nuevos elementos de convicción relacionados con la participación del vicepresidente en otro tipo de delitos.
El pasado 28 de junio, la oposición inició un primer intento de enjuiciamiento político contra Glas por el caso Odebrecht, debido a que los sectores estratégicos, como energía, petróleo, entre otros, estaban bajo su supervisión cuando ocurrieron los sobornos de la constructora.
Sin embargo, esta solicitud no prosperó y fue archivada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) de mayoría oficialista.
Según la Constitución, el juicio político se activa si la autoridad demandada ha incurrido en delitos contra la seguridad del Estado, de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito, por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia.
Asimismo, la solicitud de juicio político requiere ser admitida por la Corte Constitucional del país.
La vicepresidencia informó que Glas hará uso de sus vacaciones por un periodo de dos meses, mientras cumpla la prisión preventiva ordenada por la justicia.
