"El presidente (Jimmy Morales) se queda sin cuerpo técnico, y lo más grave es que los tres denunciaron que se achicaron sus espacios de acción; sus apoyos (ahora) son el Ejército y el sector privado organizado", señaló Balsells, quien recordó que el mes pasado también renunció la ministra de Salud, Lucrecia Hernández Mack, y que el mandatario destituyó al canciller Carlos Raúl Morales.
Rivas, Estrada y Teleguario renunciaron a sus cargos de ministros debido a la crisis institucional que vive el país desde hace casi un mes.
"Hace tres semanas inició una crisis política que nos hizo reflexionar sobre la continuidad al frente de nuestros cargos dentro del gabinete de Gobierno (y) en esa oportunidad coincidimos que aún había espacio para continuar con los temas importantes para la población (…) Sin embargo, debido a la evolución de los acontecimientos recientes en el país (…) tales espacios de oportunidad para realizar nuestro trabajo se han cerrado rápidamente", señalaron los tres ministros en un comunicado conjunto.
Sin embargo, la Corte Constitucional anuló definitivamente esa medida el 29 de agosto.
La decisión de Morales se produjo después de que, el 25 de agosto, la Cicig y el Ministerio Público (Fiscalía) solicitaran un antejuicio contra el mandatario por presunto financiamiento electoral ilícito durante la campaña presidencial de 2015.
A raíz de esos hechos, el país ha vivido varias manifestaciones debido a la indignación de la ciudadanía.
Además, el 13 de este mes el Congreso aprobó sorpresivamente una reforma al Código Penal que eximía de culpa a los secretarios generales de los partidos en caso de financiación ilícita y ampliaba la conmutación de penas, lo que también provocó amplias manifestaciones.
La Corte de Constitucionalidad suspendió finalmente la reforma de los decretos aprobados por los diputados, quienes también se vieron obligados a dar marcha atrás y dejar sin efecto la reforma del Código Penal ante la presión ciudadana.
Sus principales reclamos son la renuncia de Morales y de los diputados que quisieron aprobar las reformas del Código Penal, además de la revisión de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
