"Son 20.000 familias ecuatorianas perjudicadas por la burbuja inmobiliaria en España (…) los compatriotas se han convertido en esclavos del siglo XXI, pues la banca entregó, con irresponsabilidad, créditos hipotecarios en condiciones que son impagables", dijo el asambleísta del oficialismo y representante de los migrantes de Europa, Asia y Oceanía, Esteban Melo.
Por su parte, la vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, Esther Cuesta, puso como antecedente la ola migratoria ecuatoriana ocurrida a raíz de la crisis financiera de 1999, cuando miles "de compatriotas migraron en busca de una mejor calidad de vida para sus familias".
Explicó además que tras la burbuja inmobiliaria en España de 2012, "los migrantes residentes en ese país han quedado sin vivienda y con una deuda que es impagable, de modo que no solo es un problema de carácter económico, sino social".
Sin embargo, el asambleísta de oposición Luis Fernando Torres aseguró que "la Asamblea Nacional no puede blindar jurídicamente ni judicialmente a nadie, ya que esa no es su función" y añadió que lo único que está en sus manos es mostrar "la solidaridad de la legislatura con los compatriotas ecuatorianos".
"Esta resolución debe limitarse a expresar el apoyo solidario con los ecuatorianos que tienen problemas con el pago de sus acreencias en España, debemos demandar del Gobierno de España que arbitre todo tipo de acciones para apoyar a los ecuatorianos", anotó.
La resolución de la Asamblea Nacional se da días después de que se hablara en medios de comunicación y redes sociales de la posibilidad de que la banca privada nacional adquiera la cartera crediticia de la banca española, con lo que los ecuatorianos deberían cancelar sus deudas en su país de origen.
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Esta información fue desmentida por la Cancillería ecuatoriana, que anunció que no permitirá que esta idea se concrete, pues perjudicaría a los compatriotas.
Según cálculos oficiales, en España residen alrededor de 450.000 ecuatorianos.