"Ha sido una de las crisis más fuertes que ha enfrentado el Gobierno, si bien el antejuicio (contra Morales) no logró avanzar en el Congreso y eso podría interpretarse como una victoria para el presidente; no es así, porque en términos de apoyo, de legitimidad y de credibilidad termina erosionando su ya erosionada imagen", dijo Sanabria, analista político de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) de Guatemala.
Sin embargo, "eso no ha sucedido", continuó el experto.
Al contrario, el Gobierno de Morales ha enfrentado varios señalamientos de corrupción, y horas después de que el Congreso rechazara levantar su inmunidad, la prensa informó que el mandatario está recibiendo un sobresueldo del Ejército "que no está justificado", indicó Sanabria.
El medio guatemalteco Nómada reveló que el mandatario recibió un cheque de 50.000 quetzales (unos 6.850 dólares) como un bono extraordinario de responsabilidad y después el Ejército confirmó que se le entregaron ocho bonos por 400.000 quetzales (54.800 dólares) además del salario que Morales recibe como presidente.
Sanabria señaló a esta agencia que Morales "está enfrentando crisis de diversa índole día a día y eso mantiene un clima de pérdida de legitimidad".
El Congreso de Guatemala rechazó el pedido de levantar la inmunidad al mandatario impidiendo así que el Ministerio Público (fiscalía) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig) investiguen a fondo la presunta financiación ilegal de su campaña electoral de 2015.
Solo 25 diputados votaron a favor de levantar esa protección al mandatario, mientras que 104 lo respaldaron.
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Para levantar la inmunidad a Morales se necesitaban 105 votos del Congreso, que tiene 158 escaños.
"Los 105 votos no se lograron ni para aceptar ni para rechazar el antejuicio (contra Morales), queda por tanto una situación jurídica de limbo donde el antejucicio puede ser retomado en cualquier momento por cualquier diputado, lo que sitúa al presidente en un escenario débil porque termina sometiéndose a la voluntad del Congreso", concluyó Sanabria.
Antes de que el Congreso se pronunciara sobre la inmunidad del mandatario, una comisión pesquisidora formada por cinco diputados había recomendado despojar a Morales de inmunidad para que pudiera ser juzgado, pero no halló evidencias de delito.
