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    BUENOS AIRES (Sputnik) — La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó la inhibición general de los bienes de dos funcionarios del anterior Gobierno en una causa que investiga los presuntos sobornos que pagó en el país la constructora brasileña Odebrecht para obtener licencias de obra pública.

    La medida afecta al exdirector de la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Carlos Ben, y a quien fuera su mano derecha, Raúl Biancuzzo, informaron a Sputnik fuentes judiciales.

    La resolución, que se extiende también a los familiares de estos acusados, confirmó la decisión adoptada en primera instancia por el juez federal Sebastián Casanello.

    La justicia observó irregularidades en el patrimonio del extitular de AySA, y detectó además una sociedad opaca en Panamá que podría estar vinculada con él.

    El magistrado aceptó el pedido del fiscal federal Federico Delgado, que había solicitado que se investigara el presunto pago de coimas por obras realizadas en dos plantas potabilizadoras en la provincia de Buenos Aires.

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    La primera se encuentra en el municipio de Berazategui, y fue concedida al consorcio conformado por Esuco, constructora perteneciente a Carlos Wagner, y por Camargo Correa, empresa brasileña investigada por la justicia de su país en el escándalo de corrupción conocido como Lava Jato.

    La otra planta potabilizadora se ubica en la localidad de Tigre, y fue adjudicada a una Unión Temporal de Empresas (UTE) conformada por Odebrecht, Benito Roggio, José Cartellones Construcciones y Supercemento.

    Avance de la causa

    Ben será interrogado por el juez el 14 de diciembre, mientras que Biancuzzo fue citado un día antes.

    Un perito designado por el juez concluyó, sin embargo, que una modificación presupuestaria aumentó en casi un 20% el valor estipulado de la obra.

    Hace unas semanas, el exdirector de Aysa presentó su descargo ante la justicia y defendió la licitación ganada por Odebrecht.

    El cambio en la partida presupuestaria se debió a un "ajuste del índice de inflación y por ajustes técnicos", señaló Ben.

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    Odebrecht, la mayor constructora de Brasil, ha reconocido ante la justicia estadounidense que entre 2007 y 2014 pagó 35 millones de dólares en sobornos a funcionarios argentinos para obtener la adjudicación de ocho proyectos, los cuales le reportaron un beneficio de 278 millones de dólares.

    A finales de 2016, la compañía se acogió al régimen de delación premiada y llegó a un acuerdo con los Gobiernos de Estados Unidos, Brasil y Suiza por el que se comprometió a pagar una multa, que finalmente fue de 2.600 millones de dólares, a cambio de confesar los actos ilícitos que cometió a través de una red de sobornos, en los que se ven involucrados varios países de América Latina.

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    Etiquetas:
    corrupción, Odebrecht, Argentina
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