La Oficina Regional para América del Sur expresó "su preocupación por la falta de progreso de las investigaciones que se están llevando a cabo", en un comunicado el miércoles.
En concreto, la ACNUDH aludió a la Convención para la protección de todas las personas contra las desapariciones, en vigor desde el 23 de diciembre de 2010.
"La Convención establece claros parámetros para llevar una investigación sobre este tipo de hechos, en especial cuando hay posibles señalamientos de la participación de la fuerza pública", advirtió Amerigo Incalcaterra, representante para América del Sur del ACNUDH.
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El texto fue suscrito por Argentina en febrero de 2007, y ratificado diez meses más tarde, en diciembre.
El ACNUDH recordó su disposición a cooperar y a "prestar la asesoría técnica que los familiares y el Gobierno argentino acordaron el 29 de Agosto", tal y como quedó de manifiesto durante las reuniones que sostuvo con las autoridades el representante regional de la Oficina entre el 31 de agosto y 1 de septiembre.
En añadido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concedió el 23 de agosto una medida cautelar para proteger los derechos de Santiago Maldonado, y requirió al Gobierno de Mauricio Macri que informara sobre las acciones adoptadas para averiguar lo sucedido con el joven, desaparecido desde hace más de un mes.
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Un testigo mapuche, de nombre Matías Santana, afirmó el 5 de setiembre ante la justicia argentina que vio cómo miembros de la Gendarmería golpearon y se llevaron en una furgoneta a Santiago Maldonado, de 28 años durante una represión contra su comunidad.
