"La probable anulación del acuerdo no invalida ninguna prueba, todas continúan firmes y válidas", dijo el lunes el procurador general Rodrigo Janot en rueda de prensa.
Los dueños de JBS, los hermanos Joesley y Wesley Batista, llegaron en su momento a un acuerdo con la fiscalía para aportar información sobre una trama corrupta en la que ellos participaron durante años.
Ese acuerdo, que les concedió libertad a cambio de información, ahora podría deshacerse, puesto que según Janot hay indicios de que no aportaron todos los datos que poseían.
La base para esta nueva investigación se encuentra en un audio de cuatro horas que llegó a sus manos el pasado jueves, según el procurador.
El fiscal precisó que la posible anulación del acuerdo de delación premiada no invalidaría las pruebas ya utilizadas para denunciar a políticos como el senador Aécio Neves (del Partido de la Social Democracia Brasileña), al exdiputado Rodrigo Rocha Loures (del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, PMDB) o al propio Temer (también miembro del PMDB).
"El único resultado negativo es para el delator, que pierde todo o parte del beneficio concedido", aseguró Janot.
Esta hipotética segunda denuncia también parte de las confesiones de los directivos de JBS, que entregaron a la fiscalía un audio en el que Temer presuntamente da luz verde al pago de sobornos para comprar el silencio de uno de los cabecillas de la trama corrupta de Petrobras, el expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien se encuentra en la cárcel.
Por ello, Temer podría ser acusado de obstrucción a la justicia, aunque la investigación sobre las irregularidades cometidas por los directivos de JBS en su pacto con los investigadores podría ralentizar el proceso.
