Dos días después, Morales declaró persona no grata al jefe de la Cicig, Iván Velásquez, y ordenó su inmediata expulsión del país, acusándolo de "inmiscuirse en asuntos internos" y de haber intentado "presionar a diputados del Congreso para llevar a cabo reformas constitucionales".
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Tras el anuncio del mandatario, la Corte Constitucional otorgó un amparo provisional a Velásquez, dejando en suspenso la expulsión, y el 29 de agosto anuló definitivamente la medida.
Una vez que la Corte Suprema de Justicia ha autorizado el antejuicio contra Morales, ahora es el Congreso el que debe decidir si retira finalmente el privilegio de inmunidad al presidente.
El Congreso conformará una comisión "para desarrollar las pesquisas y elaborar un informe, con eso y la totalidad del expediente, el pleno debe decidir si declaran con lugar o no el antejuicio", dijo el vocero de la Corte Suprema de Justicia, Ángel Pineda, según publica el diario guatemalteco Prensa Libre.
Además de la solicitud de antejuicio presentada por la Cicig y el Ministerio Público, también hicieron lo propio la organización Acción Ciudadana, que promueve la transparencia en la gestión pública, y los ciudadanos Eleonora Muralles, Alejandro Balsells, Gabriel Wer y Elvyn Díaz al considerar que el presidente incurrió en los delitos de obstrucción a la justicia y abuso de autoridad, añadió ese mismo diario.
