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    CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, entregó "información importante" y "reservada" al procurador general de México sobre investigaciones en su país que podrían activar la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, dijo la jurista en el Senado de México.

    "De acuerdo a la reserva de la investigación, no puedo dar mayores informaciones, ese fue el compromiso que asumí con el procurador; sin embargo, confío en que de acuerdo a las conversaciones sostenidas y a los instrumentos jurídicos internacionales como la Convención de Palermo, pudiéramos pronto tener respuesta sobre los delitos que se cometen en Venezuela", dijo Ortega antes de reunirse a puertas cerradas con la senadora Mariana Gómez del Campo, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe de la Cámara Alta.

    La convención fue adoptada en 2000 en la ciudad italiana de Palermo (sur).

    Ortega, destituida por la Asamblea Nacional Constituyente, instancia que el Gobierno de México no reconoce, informó brevemente de su reunión con el procurador (fiscal federal) Cervantes, con el propósito de "abordar el tema de los derechos humanos, que es un grave problema que tenemos en Venezuela".

    "Fundamentalmente, vine hasta este país a reunirme con el procurador general de la República, a quien le entregué alguna información importante, relacionada a unas investigaciones que cursan en Venezuela, que pueden ser del interés de este país", dijo Ortega en un mensaje de pocos minutos a un pequeño grupo de periodistas en el Senado, antes de la reunión privada.

    La venezolana se excusó por no ofrecer más detalles de los documentos entregados al principal responsable de la procuración de justicia de México, porque, "de acuerdo a las conversaciones que sostuve con él, no puedo revelar mayor información".

    Luisa Ortega, exfiscal general de Venezuela y Mariana Gómez del Campo, senadora mexicana
    © Foto : Coordinación de Comunicación Social, Senado de México
    "Sin embargo, ya los medios de comunicación deben presumir de qué se trata", acotó Ortega, en alusión a las denuncias que realizó contra varios altos funcionarios del Gobierno de Venezuela, y en especial contra el presidente Nicolás Maduro, sobre presuntos actos de corrupción y otras ilegalidades.

    La Convención de Palermo, cuyo cumplimiento está bajo la jurisdicción de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, entró en vigor en 2003 y tiene tres protocolos complementarios sobre la trata de personas, sobre el tráfico ilícito de inmigrantes y sobre la fabricación y el tráfico ilícitos de armas. 

    Solidaridad del Senado de México

    Ortega aseguró en una breve alocución en la sede de la Cámara Alta que "la justicia en Venezuela está negada porque se perdieron el Estado de derecho, la democracia y las libertades".

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    Además, en la nación caribeña existe censura a los medios de comunicación y la información es sesgada, "favoreciendo al Gobierno, porque si no, no hay información", añadió.

    "Mi país, mi pueblo, en este momento sufre una serie de problemas, una grave crisis de alimentos, de salud, de inseguridad", agregó la exfuncionaria, que escapó de su país el 18 de agosto junto a su esposo y algunos de sus colaboradores en una lancha rápida hacia la isla de Aruba, desde donde abordó un avión hacia Colombia y después a Brasil.

    En un breve encuentro, antes de la reunión privada, Gómez del Campo, dijo que "desde México repudiamos la persecución política de la que está siendo presa ella y su familia".

    "Condenamos argumentos turbios y amañados de los que se le acusa de un supuesto fraude en Venezuela", dijo la senadora mexicana.

    Gómez del Campo afirmó que Ortega "es una mujer valiente, que ha defendido a los venezolanos, que se atrevió a levantar la voz".

    La senadora mexicana aseguró que la exfiscal cuenta con respaldo del Senado, de la Procuraduría y de la Cancillería de México, "como órganos que están permanentemente pugnando por la legalidad y por la democracia en América Latina".

    Ortega fue acusada por el fiscal designado por la Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, de ser cómplice de un desfalco de 200 millones de dólares en contratos petroleros con el Estado, por no haberlos investigado.

    La jurista, quien fungió como fiscal general desde 2007 y fue una de las figuras prominentes del oficialismo venezolano desde los años del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), se distanció del Gobierno a finales de marzo de este año.

    Siendo fiscal de Venezuela, se opuso a dos dictámenes del Tribunal Supremo de Justicia, porque consideró que quebraban el orden democrático.

    Ortega realizó una llamada telefónica el 18 de agosto a la Cumbre de Procuradores y Fiscales de América Latina, celebrada en México, en momentos en que su paradero era desconocido, mientras huía de la justicia en Venezuela.

    La exfiscal afirmó en aquella ocasión que la causa de su destitución y el proceso abierto en su contra era que el presidente Maduro estaba involucrado en los sobornos pagados en varios países por la constructora brasileña Odebrecht.

    El procurador mexicano, quien presidió la cumbre de fiscales, le expresó la confianza de los procuradores de la región "que creen en tu lucha en defensa de la democracia y en especial en la autonomía técnica del Ministerio Público".

    El Gobierno y la Procuraduría de México expresaron el 6 de agosto su apoyo y solidaridad a Ortega, por el "hostigamiento gubernamental contra el Ministerio Público de Venezuela".

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    Luisa Ortega Díaz, Venezuela, México
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