"El Gobierno persiste en su postura con una nueva provocación hacia los sectores populares", sostuvo en un comunicado la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Barrios de pie.
Tras el fracaso de la audiencia, Barrios de Pie, CTEP y CCC convocarán a las organizaciones populares en una asamblea el 4 de septiembre "a fin de evaluar los pasos a seguir para profundizar el plan de lucha".
"De persistir la actitud del Gobierno en desconocer la ley y perseguir a las organizaciones sociales, se realizará una jornada nacional de acampe en las principales avenidas y rutas de toda la Argentina", advirtieron.
Reclamos al Gobierno
Las organizaciones sociales lograron impulsar a finales de 2016 una Ley de Emergencia Social que finalmente fue sancionada por el Congreso, pero el Gobierno sólo ha destinado el 30% de la partida presupuestaria al cumplimiento de esta normativa.
La ley de Emergencia Social está destinada asistir a 3,5 millones de personas que trabajan en la economía informal, con miras a garantizarles "alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, cobertura médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y protección provisional", según el texto de la norma.
Las movimientos sociales también impulsan una ley que decrete la emergencia alimentaria en todo el territorio.
El 30,3% de la población, equivalente a 12,5 millones de personas, vive por debajo del umbral de la pobreza, un problema que también padecen seis de cada diez niños del país, según las organizaciones.
