"Nuestra tendencia es apelar, pero no voy a entrar en el detalle del contenido por razones obvias de estrategia", aseguró el 30 de agosto en rueda de prensa el subsecretario general de Asuntos Económicos y Financieros del ministerio de Relaciones Exteriores, Márcio Bicalho Cozendey.
Ahora Brasil tiene un plazo de 60 días a partir del 19 de septiembre para decidir si recurre la decisión; si eso ocurre el caso se examinará de nuevo, por lo que el proceso podría tardar hasta seis meses en concluirse.
Estas medidas incluyen exenciones fiscales y reducción de impuestos para las empresas que producen sus productos en Brasil, como es el caso del Impuesto sobre los Productos Industrializados y programas de incentivos a la industria nacional, como el Innovar-Auto.
La condena de la OMC también afecta a otros instrumentos de la política industrial brasileña, como la Ley de Informática, el Programa de Inclusión Digital y el Reintegra, un proyecto de subsidio a los exportadores.
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El contencioso se remonta al año 2013, cuando la Unión Europea presentó un reclamo al que más tarde se unieron Japón, Estados Unidos y Argentina.
