"El escenario más posible es que la Corte Suprema de Justicia dé trámite a la denuncia, pero el presidente tendrá apoyo del Congreso, todos se tapan con la misma manta, si bien (…) habrá también mucha deslegitimación", dijo Balsells, quien junto a otros tres ciudadanos presentaron el lunes una solicitud de antejuicio contra Morales.
Según el abogado, Morales cometió los delitos de obstrucción a la justicia y abuso de autoridad "al coaccionar a un auxiliar de justicia (Velásquez) porque lo está investigando", mientras que "la Cicig tenía mandato en norma vigente, cumplía su papel", añadió Balsells, también columnista del diario Prensa Libre.
El país centroamericano vive una grave crisis institucional después de que en la madrugada del domingo Morales declaró persona no grata al jefe de la Cicig y ordenó su inmediata expulsión.
La Corte Constitucional otorgó entonces un amparo provisional a Velásquez, dejando en suspensión la decisión del presidente, quien no acató la sentencia y confirmó su intención de mantener su postura frente al colombiano.
"Decidí nombrarlo no grato como un acto de lealtad a la patria (…) pues intentó presionar a diputados del Congreso para llevar a cabo reformas constitucionales", sostuvo Morales.
El martes, la Corte Constitucional decidió desestimar la expulsión de Velásquez, lo que en los hechos anula la decisión del presidente.
El viernes 25 la Cicig y el Ministerio Público (fiscalía) de Guatemala solicitaron un antejuicio contra el mandatario por presunta financiación electoral ilícita durante la campaña de 2015.
El lunes, la Fundación Mirna Mack, que promueve la lucha contra la impunidad y la consolidación de la paz y la democracia en ese país centroamericano, presentó una tercera solicitud de antejuicio contra Morales, alegando que el mandatario incurrió en desobediencia al no acatar la sentencia de la Corte Constitucional.
