Morales ofreció más tarde un discurso televisado a la nación en el que explicó por qué tomó esa decisión sobre el comisionado Velásquez: "Decidí nombrarlo non grato como un acto de lealtad a la patria (…) pues intentó presionar a diputados del Congreso para llevar a cabo reformas constitucionales", sostuvo.
"Se inmiscuyó en asuntos internos que competen al Estado", sostuvo Morales.
La decisión de mandatario provocó durante la jornada la renuncia de la ministra de Salud, Lucrecia Hernández Mack, y la de Trabajo, Aura Lucia Teleguario, además de dimisión de la viceministra de Relaciones Exteriores, Anamaría Diéguez, y de tres viceministros de Salud: Edgar González, Adrián Chávez y Juan Carlos Verdugo, entre otros funcionarios.
"Consideramos que el plan de trabajo que veníamos desarrollando deja de ser ética y políticamente viable en un Gobierno como el suyo", dijo Hernández Mack en una carta refiriéndose a Morales.
La fiscal general Thelma Aldana y Velásquez denunciaron que Morales no justificó como secretario general de su partido, el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), la procedencia de donaciones por valor de 6,7 millones de quetzales (alrededor de 920.000 dólares) ante el Tribunal Supremo Electoral, según publica el diario local Prensa Libre.
Además, el hijo y el hermano del mandatario fueron investigados por la Cicig y el Ministerio Público en un caso de corrupción por estar supuestamente implicados en tres adjudicaciones públicas en el Registro General de la Propiedad en 2013 por valor de unos 26.500 dólares, según publicó el medio local Prensa Libre.
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Ambos están acusados de presentar facturas de actividades simuladas para recibir fondos del Estado, como ocurrió por ejemplo con un desayuno para casi 600 personas que nunca se llevó a cabo, y se encuentran actualmente procesados.
No obstante, Morales aclaró en su mensaje que declarar persona no grata a Velásquez no se debió a razones personales, sino que fue por "acto de lealtad" al país, insistió.
Amparo de Corte Constitucional
"Habrá que esperar si la Corte de Constitucionalidad resuelve en segunda instancia en esta misma linea, lo que dejaría debilitado al presidente (Morales), cuya credibilidad frente a organismos y frente a la comunidad internacional ya se ha debilitado porque ha mostrado poco interés en la lucha contra la impunidad", dijo a Sputnik el analista político de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) de Guatemala, José Carlos Sanabria.
El procurador de los derechos humanos de Guatemala, Jordán Rodas Andrade, también presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad a favor del comisionado Velásquez, quien en los últimos años encabezó el destape de grandes escándalos de corrupción gubernamental y delincuencia en el país centroamericano, así como la persecución de sus responsables.
Amplio apoyo al comisionado
Velásquez "ha trabajado incansablemente para promover una cultura de rechazo a la corrupción", dijo el secretario general de la ONU en un comunicado.
La Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, expresó en su cuenta de Twitter que "la decisión de expulsar a la Cicig constituye un golpe mortal al sistema de justicia y lucha contra la impunidad y corrupción en Guatemala".
La decisión de expulsar @CICIGgt constituye un golpe mortal al sistema de justicia y lucha contra la impunidad y corrupción en Guatemala 🇬🇹 pic.twitter.com/zwHQy8C2E4
— Rigoberta Menchú Tum (@RigobertMenchu) 27 de agosto de 2017
También fue amplio el apoyo expresado en las redes por diferentes sectores del país bajo las etiquetas #IvanSeQueda y #JimmySeVa.
"Jimmy Morales le mintió cínica y descaradamente al pueblo de Guatemala; debe irse", señaló la plataforma ciudadana Justicia Ya en su cuenta de Twitter.
Jimmy Morales le mintió cínica y descaradamente al pueblo de Guatemala. Debe irse. #JimmySeVa pic.twitter.com/1hb9y6s4AK
— #JusticiaYa (@justiciayagt) 28 de agosto de 2017
Por el momento, las manifestaciones que piden la renuncia de Morales continúan produciéndose en la Plaza de la Constitución de la capital guatemalteca.
Para el 28 de agosto hay también convocadas manifestaciones a partir de las 17:00 hora local (22:00 GMT) en defensa de la Cicig, que fue instaurada en 2006 por un acuerdo entre el Gobierno de Guatemala y la ONU (Organización de las Naciones Unidas), ratificado por el Congreso, como un órgano independiente de carácter internacional.
La quinta prórroga de la Cicig, solicitada por El Salvador a la ONU, se extendería del 4 de septiembre de 2017 al 3 de septiembre de 2019.
