El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, calificó ante la prensa como una "medida de hecho, inconstitucional, ilegal y abusiva" la paralización "que han puesto en marcha algunos dirigentes del transporte público".
Rodas recordó que la paralización de este servicio está prohibida por la Constitución y la ley, ya que está tipificada en el Código Integral Penal.
"Frente a ello estaremos respondiendo con absoluta firmeza a quienes están afectando a la ciudadanía", agregó.
El artículo 326 de la Constitución, en su numeral 15, "prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de combustibles, transportación pública, correos y telecomunicaciones".
Los cinco corredores de transporte público metropolitano están funcionando con normalidad, pero no tienen la capacidad de suplir el servicio de los 2.300 autobuses paralizados que pertenecen a cooperativas privadas.
La medida provocó enfrentamientos entre los conductores protestantes y la policía.
Hasta el momento se registran 10 personas detenidas, cuatro personas heridas y 11 unidades de transporte agredidas.
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La alcaldía organizó un plan de emergencia que incluye la participación de 1.400 furgonetas escolares "que están brindando transporte público".
"Rechazamos una medida de hecho que lo que hace es afectar a la ciudadanía, por una pretensión de que se eleve la tarifa, no se dan cuenta que este tipo de paralizaciones "caotizan" la ciudad y vamos a impedirlo y responder con absoluta firmeza", agregó Rodas.
Por su parte, los transportistas han manifestado que mantendrán la medida de paralización hasta lograr que la alcaldía ceda a su petición de aumentar el pasaje de 0,25 a 0,30 dólares.
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El 90% de la población considera que la calidad del servicio de transporte es mala y que las unidades no ofrecen comodidad, confiabilidad ni facilidad de uso, indica una investigación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
