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    Fiscalía argentina redefine como "desaparición forzada" el caso de Maldonado

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    Desaparición de Santiago Maldonado (114)
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    BUENOS AIRES (Sputnik) — La Fiscalía Federal de Esquel, en la provincia de Chubut (sur), cambió de "NN sobre averiguación de delito" a "desaparición forzada" la carátula de la causa que investiga la desaparición del joven Santiago Maldonado durante un operativo de represión conducido por la Gendarmería contra una comunidad mapuche.

    "Sin perjuicio de ser la hipótesis delictiva inicial de la causa, se solicitó al Juzgado Federal la recaratulación de la causa, que ha quedado registrada como EXPTE FCR 8232/2017 "N.N. s/ desaparición forzada de personas Art. 124 ter del Código Penal", sostuvo la fiscalía en un comunicado.

    El cambio de denominación apoya la tesis de la familia del joven y de organizaciones de derechos humanos, que desde el comienzo del caso insistieron en que se trataba de una desaparición forzada.

    Maldonado, de 28 años, desapareció el pasado 1 de agosto durante un operativo de la Gendarmería (policía de fronteras) contra la comunidad mapuche Lof en Resistencia, que ocupa un terreno entregado a la multinacional Benetton desde el 15 de marzo de 2015 en el departamento chubutense de Cushamen.

    "Debido a la gravedad del caso, relativo a la desaparición de un joven en el marco de un procedimiento realizado por una fuerza federal, es que se impulsaron medidas tendientes no solo a determinar las circunstancias concomitantes a su desaparición sino también a la atribución de responsabilidad de las personas que pudieran ser responsables", informó el organismo.

    La fiscalía investiga tanto el proceder de la Gendarmería, dependiente del Ministerio de Seguridad, como otras "conductas disvaliosas en perjuicio de miembros de la comunidad mapuche Lof en Resistencia".

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    Como medidas de prueba, el Ministerio Público Fiscal ordenó averiguar parámetros "de georreferencia tendientes a ubicar a la víctima y a cada uno de los vehículos" de la Gendarmería.

    La fiscal a cargo del caso, Silvina Ávila, informó de que "se obtuvieron diversas declaraciones tanto en el predio ocupado –distante a aproximadamente 100 kilómeotros de la sede de esta Fiscalía Federal- y testimoniales en esta dependencia".

    "También se han solicitado medidas irreproducibles al Juzgado Federal que, por razones de lógica investigativa, no pueden ser informadas", señaló.

    En el caso, en el que interviene como querellante la familia de Maldonado, participa la Procuraduría de Violencia Institucional, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia y la Dirección General de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas.

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    La fiscalía solicitó el secreto de sumario, lo que fue concedido por el juez federal de Esquel, Guido Otranto, el pasado 14 de agosto.

    "Si bien limita a las partes a tener acceso a la tarea investigativa", la medida "tiene como principal objetivo minimizar cualquier riesgo que pudiera ocasionar la publicidad de la misma", argumentó.

    El Gobierno de Mauricio Macri, a través de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y del ministro de Justicia, Germán Garavano, cuestiona que el caso se trate de una desaparición forzada, y ha acusado a las entidades de derechos humanos y a la familia de Maldonado de no colaborar con la investigación.

    La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concedió el miércoles una medida cautelar para que se protejan los derechos del joven desaparecido.

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    La Comisión de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires presentó, por su parte, un escrito ante el juez Otranto reclamando que la Gendarmería no tenga acceso al expediente judicial. 

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    Desaparición de Santiago Maldonado (114)

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    fiscalía, mapuches, desaparecidos, Argentina
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