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    Desaparición de Santiago Maldonado (114)
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    BUENOS AIRES (Sputnik) — La familia de Santiago Maldonado, un joven argentino que se encuentra desaparecido desde el 1 de agosto luego de una represión que llevó a cabo Gendarmería contra una comunidad mapuche en la provincia de Chubut (sur), solicitó a la Justicia que la pesquisa se realice de forma seria, eficaz e imparcial.

    Los allegados de Maldonado piden "una investigación imparcial, seria, eficaz y pronta que establezcan las circunstancias de la desaparición de Santiago y a los responsables materiales e intelectuales y determinen las responsabilidades penales, administrativas y políticas", según afirman en un comunicado.

    Para darle credibilidad a la investigación, los familiares demandaron la participación del jurista Mario Coriolano, reconocido por su defensa de los derechos humanos, y la del abogado Alejandro Mejías Fonrouge, especialista en derecho penal y procesal.

    La familia de Maldonado también exigió su "participación activa en la investigación", y que se garantice la seguridad de todos los que participen en las indagaciones, de acuerdo al documento subido en la página web santiagomaldonado.com.

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    Tras desconfiar del genetista designado en la causa para realizar los exámenes genéticos, Stella Maris Peloso y Enrique Maldonado, padres del joven desaparecido, aceptaron que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) les extraiga este viernes muestras de sangre y de saliva.

    Esas muestras serán cotejadas con rastros hemáticos que se encontraron durante una inspección realizada en escuadrones pertenecientes a Gendarmería, una fuerza dependiente del Ministerio de Seguridad conducido por Patricia Bullrich.

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    Desaparición forzada

    Con el apoyo de una decena organizaciones de derechos humanos, los allegados del joven remarcaron que "la única hipótesis sustentada en elementos objetivos es la desaparición forzada".

    La familia insistió que la Justicia debe investigar este "delito que comienza con la privación de la libertad de Santiago por personas del Estado —Gendarmería— seguida de la falta de información de su paradero y la negativa a reconocer su privación de la libertad por parte de las autoridades".

    "Por ser un delito de Estado la carga de la prueba se invierte y debe el Estado corroborar que tal hipótesis es falsa para recién luego avanzar en otras hipótesis", añadió.

    La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió el 23 de agosto una medida cautelar para que se protejan los derechos del joven argentino.

    El Gobierno de Mauricio Macri, a través de Bullrich y del ministro de Justicia, Germán Garavano, cuestiona que se trate de una desaparición forzada, y han acusado a las entidades de derechos humanos y a la familia de no colaborar con la investigación.

    La Comisión de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires presentó, por su parte, un escrito ante el juez federal que investiga el caso, Guido Otranto, para que la Gendarmería no tenga acceso al expediente judicial.

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    familia, investigación, activista, desaparecidos, Argentina
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