Organizaciones internacionales preocupadas por erradicación forzosa de coca en Colombia

BOGOTÁ (Sputnik) — El Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC, por su sigla en inglés) se mostró preocupado por la intensificación militar en la erradicación forzosa de cultivos de coca en Colombia, especialmente en áreas donde las comunidades ya han firmado pactos de sustitución, indicó el organismo.

"La erradicación forzosa en áreas donde las comunidades ya han firmado acuerdos de sustitución de cultivos perpetúa la violencia y genera nuevos conflictos", indicó el IDPC en un comunicado dirigido al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, publicado en la página web del organismo.

La misiva también consideró que el procedimiento militarizado "socava el espíritu mismo de los acuerdos de sustitución de cultivos y los esfuerzos de fomentar la confianza con las comunidades locales".

Aunque reconoció que la pobreza, la exclusión social y la violencia han impulsado la propagación del cultivo de coca en Colombia, subrayó que en la actualidad se firman acuerdos entre las comunidades locales y el Gobierno central para erradicar cultivos ilícitos a cambio de compensación en efectivo e inversión gubernamental en sus comunidades.

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En ese sentido hizo un llamado al presidente Santos para que se asegure de que todas las instituciones gubernamentales colombianas respeten los acuerdos de sustitución de cultivos y apoyen el diálogo genuino con las comunidades en lugar de incentivar la militarización.

"Como organizaciones con experiencia en políticas de drogas en varios países (incluyendo lo que hemos visto de pasadas experiencias en Colombia), creemos firmemente que los agricultores pobres que cultivan coca, amapola o cannabis no deben ser criminalizados", consideró.

Por último el IDPC, una organización no gubernamental (ONG) de carácter internacional, recalcó que los cultivos ilícitos sólo pueden ser reducido por medio de un apoyo gubernamental sostenido para el desarrollo rural equitativo.

El Consorcio es integrado, entre otros, por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Acción semilla Boliviana, Asociación de Estudios del Cannabis del Uruguay, y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.