"Es una victoria muy importante para nuestro pueblo, para nuestra familia que está en Mato Grosso sufriendo y luchando por salud y territorio", celebró el indígena guaraní Kaiowá Adilio Benites, en declaraciones recogidas por O Globo.
El Gobierno de Mato Grosso alegaba que las áreas ahora protegidas se incluyeron en las tierras indígenas de forma irregular, puesto que pertenecían a ese estado desde el siglo XIX, cuando el Gobierno Federal se las cedió través de una concesión de la Constitución de 1891.
Así, el Gobierno de Mato Grosso exigía una indemnización, pero el Gobierno Federal alegaba que según la Constitución de 1988, que es la que está en vigor, las tierras ocupadas por los indígenas pertenecen al Estado central, que tiene la potestad de cedérselas.
El Supremo dio la razón al Gobierno Federal y no sólo negó la indemnización sino que obligó al Gobierno de Mato Grosso a pagar los 100.000 reales (31.700 dólares) del coste de la defensa del Gobierno Federal en el proceso.
Los magistrados del Supremo citaron además informes del antropólogo João Dal Poz Neto, quien registró evidencias de comunidades indígenas en la cuenca del río Xingu desde hace al menos 800 años.
Los indígenas también esperaban que el Tribunal Supremo brasileño se pronunciara el miércoles sobre la constitucionalidad del llamado "marco temporal", un criterio según el cual solo podrían tener derecho a reivindicar sus tierras los indígenas que las estuviesen ocupando en octubre de 1988, cuando se promulgó la actual Constitución.
Las comunidades nativas lo consideran negativo porque argumentan que muchos indígenas que fueron expulsados de sus tierras antes (en la dictadura militar, por ejemplo), no podrían recuperarlas jamás.
Además, muchos de los procesos de demarcación en marcha, cuando el Estado otorga a los indígenas el derecho a ocupar esas tierras, quedarían paralizados.
A pesar de las expectativas de los activistas indígenas, los magistrados del Supremo aplazaron la decisión.
