"Preocupa al Comité la presunta ejecución extrajudicial del dirigente político, Rodrigo Quintana, durante el operativo policial, si bien valora la información proporcionada por la delegación en relación a los procedimientos administrativos y judiciales en curso contra los presuntos autores de dichas violaciones", indica el informe con las conclusiones sobre la situación de la tortura en Paraguay.
A principios de abril pasado, la fiscalía imputó a un policía por la muerte del joven militante político fallecido el 1 de abril tras recibir un disparo en la cabeza cuando uniformados ingresaron en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
Asimismo, el CAT manifiesta preocupación por denuncias de torturas a personas arrestadas por parte de la Policía.
"El Comité expresa su preocupación ante informaciones que denuncian el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional e incluso actos de tortura y malos tratos contra personas arrestadas, en el marco de los disturbios originados por las protestas ocurridas entre el 31 de marzo y 1 de abril de 2017 en Asunción", agrega el informe.
Luego de que una polémica sesión en el Senado de Paraguay aprobara el 31 de mayo un proyecto de reelección presidencial, con la presencia de solo 25 de los 45 legisladores de la cámara, se generaron manifestaciones que terminaron con violencia y represión policial.
Manifestantes prendieron fuego a unas oficinas de la sede del Congreso y provocaron importantes destrozos.
En medio de estos disturbios se produjo la incursión de la policía en la sede del PLRA.
