"Durante cuatro o cinco meses, las víctimas se sentaron con las FARC porque querían saber de sus seres queridos, y ahí una vez sucedió algo difícil de imaginar, que es que las víctimas son más propicias a la paz que los que no hemos vivido la guerra", admitió la canciller.
El éxito del proceso de paz que se negoció durante seis años tuvo éxito, en primer lugar, "por la mejora de la seguridad que desarrolló el Gobierno de Juan Manuel Santos, al tiempo que las FARC experimentaban un debilitamiento de sus estructuras", aseguró Holguín.
Con ayuda del Gobierno británico, Santos también unificó las inteligencias de las Fuerzas Armadas, lo que permitió procesar mejor la información.
Cuando el actual presidente colombiano asumió su cargo en agosto de 2010, Bogotá tenía rotos sus lazos diplomáticos con Venezuela y Ecuador.
Pero "no hay ningún proceso de paz que avance si la región no acompaña, por lo que iniciamos entonces un proceso de convencer a los países de la importancia de la paz, algo que se dio relativamente rápido", comentó la diplomática.
Colombia estudió otros procesos de paz en el mundo, y conformó un equipo interdisciplinario que incluyó a dos dirigentes militares que estuvieron en La Habana durante los cuatro años que duraron las negociaciones en la capital cubana.
Como firmante del Tratado de Roma de la Corte Penal Internacional, Colombia desarrolló una justicia transicional o Justicia Especial para la Paz (JEP) que estableció una condena de entre cinco y ocho años de prisión para los responsables de crímenes graves, "salvo en caso que un miembro de las FARC falte a la verdad, donde en ese caso, la pena se aumenta hasta los 20 años", acotó la canciller.
El de Colombia es el primer proceso de paz en que la amnistía no ha sido extensiva para todos los miembros de la guerrilla, destacó la canciller desde el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI).
Combate al narcotráfico
La ministra también valoró el combate al comercio ilícito de sustancias como condición para que avanzara el acuerdo de paz.
"Las FARC estuvieron mucho tiempo en distintas etapas de la cadena del narcotráfico, y por consiguiente, el compromiso era desmantelar esta estructura, y trabajar con las comunidades en donde estaba la guerrilla para que hicieran una sustitución de cultivos", sostuvo.
Desde que comenzó el proceso, el Gobierno ha firmado un acuerdo con 80.000 familias para sustituir hectáreas de cultivos ilícitos por otras siembras.
En Colombia existían 150.000 hectáreas de producción de coca que luego se utilizaba para hacer cocaína, pero el Gobierno se ha propuesto para este año que en 100.000 de ellas se remplacen los cultivos, y que en las restantes 50.000, se realice la erradicación forzosa de la coca, dado que esas tierras son controladas en su mayoría por redes de narcotráfico mayores.
"Llevamos hasta ahora 25.000 hectáreas erradicadas y 50.000 más sustituidas", afirmó Holguín.
Minas
Colombia es el segundo país con más minas del mundo, por detrás de Afganistán.
La mayoría de los artefactos se colocaron en terrenos con cultivos ilícitos para que el Ejército no pudiera incursionar en ellas.
"En total son 600 municipios afectados, de los 1.200 de todo el país, pero tenemos a 5.000 agentes dedicados al desminado, con la ayuda de ONG escandinavas e italianas", informó la ministra.
Para 2020, el Ejecutivo espera haber retirado todas las minas.
Posconflicto
En la actual fase del proceso de paz, el Gobierno ha establecido dos prioridades: intervenir en 51 municipios, 26 de los cuales están en zonas aisladas donde están las FARC; e interceder también en 150 bloques de municipios donde se implementarán varios programas de desarrollo territorial.
"Cada zona tiene entre 700 y 1.000 guerrilleros que han entregado sus armas el pasado mes de julio" señaló Holguín.
Por otro lado, las FARC se han comprometido a mostrar a Naciones Unidas las caletas en las que tenían escondido su armamento antes del 1 de septiembre.
La misión política de la ONU que supervisó el proceso de paz con observadores militares comenzó en septiembre de 2016 y concluirá al cumplirse el año, pero el Consejo de Seguridad ha aprobado una nueva resolución para permitir que una delegación civil de Naciones Unidas inspeccione también la reintegración de las FARC a la vida social.
De acuerdo a lo pactado, la entrega de armas de las FARC debía realizarse al mismo tiempo que la justicia comenzaba a aplicar la amnistía fiscal aprobada en 2016 para los combatientes que no cometieron delitos graves, pero la canciller recordó una huelga de magistrados que trabó el proceso.
En todo caso, "han salido unas 3.500 amnistías para guerrilleros que no tienen requerimiento judicial, y faltan 1.000 y pico todavía", puntualizó la ministra.
El Ejecutivo ha creado, por otro lado, una agencia para reconocer la titularidad de las propiedades a los campesinos que las trabajan, siempre que no vuelvan a cultivos ilícitos.
Las FARC también tendrán intervención política, y podrán ingresar al Parlamento durante los dos próximos períodos legislativos con un máximo de cinco escaños en cada Cámara del Congreso.