Las ONG defensoras de los derechos humanos y la libertad de expresión enviaron a la compañía una carta para expresar su preocupación "por la falta de rendición de cuentas de NSO Group respecto al uso de sus productos y servicios de forma ilegal e ilegítima en México".
"En los meses recientes, se ha documentado la utilización del malware Pegasus, vendido en los últimos años a diversas dependencias del Gobierno federal, en contra de periodistas, activistas, defensores de derechos humanos, legisladores, e incluso, un grupo de expertos y expertas internacionales con inmunidad diplomática", dice la misiva.
El mal uso de estas herramientas de vigilancia por parte de clientes de la firma NSO Group motivó un llamado de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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Asimismo, expertos de la Organización de las Naciones Unidas pidieron que se abra "una investigación independiente e imparcial en torno a estos abusos".
Las organizaciones exhortaron a Blackstone Group LP a "considerar las implicaciones éticas y de derechos humanos que tiene invertir en dicha empresa".
Ante una investigación reciente del diario estadounidense The New York Times sobre el uso del programa Pegasus para espiar a periodistas y abogados defensores de derechos humanos, NSO Group respondió que sus productos son comercializados únicamente a Gobiernos.
La firma israelí dijo que sus gerentes estaban "horrorizados por el supuesto mal uso de nuestro producto".
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Además prometieron que cualquier uso de este tipo sería una violación a sus "políticas de ética de negocios, contratos legales".
Las ONG apelaron a los "principios de inversión responsable, responsabilidad social corporativa, transparencia y derechos humanos", para pedirle a Blackstone "abstenerse de invertir en NSO Group", al menos hasta que dicha empresa asuma compromisos en contra del espionaje ilegal.
Esos compromisos incluyen cooperar con autoridades que investigan el uso ilegal de sus productos de espionaje a teléfonos celulares contra periodistas, defensores de DDHH y líderes de la sociedad civil en México.
Asimismo, piden "medidas necesarias para rescindir los contratos vigentes con agencias del Gobierno mexicano y abstenerse de ofrecer sus servicios en México".
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Finalmente, le solicitan que adopte políticas que "prevengan y eviten que sus clientes alrededor del mundo utilicen sus productos de manera violatoria de los derechos humanos", como en México.
