"Bajo ninguna circunstancia vamos a caer en el juego de desestabilizar al país poniendo en riesgo la dolarización", dijo en el comunicado el presidente de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) José Serrano.
Si bien hay "obligaciones que cumplir, como las tienen todos los países del mundo", estas se encuentran "en niveles totalmente sostenibles", añadió.
El presidente Moreno reveló el 28 de julio que la deuda pública suma 41.893 millones dólares, lo que supera el 40% del Producto Interno Bruto (PIB), límite legal establecido por la Constitución.
A esto se suman otros pasivos del Estado, como operaciones de corto plazo, pasivos de empresas petroleras y ventas anticipadas de hidrocarburos que, entre otras, suman un monto aproximado de 8.000 millones adicionales.
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También se registran otros contingentes que no son deuda, pero que podrían transformarse en obligaciones de pago y que suman 4.367 millones de dólares, además de un compromiso con la seguridad social de 2.528 millones y un pago de incentivos a la jubilación que asciende a alrededor de 1.000 millones.
"Las medidas (económicas) tomadas fueron las acertadas para ese momento" ya que "no se podía hacer un ajuste en circunstancias tan complicadas, menos con un terremoto de por medio, y por eso se procedió a tomar distintos mecanismos de financiamiento", dijo Serrano en referencia al devastador sismo de abril de 2016.
Además, recalcó Serrano, Ecuador "no tiene un problema de endeudamiento", a pesar de que expertos económicos y funcionarios de Moreno así lo reconocen.
Para el legislador, lo primordial en este momento es lograr que la deuda no crezca nominalmente de forma rápida, sino que sea el PIB nominal el que crezca rápidamente, pues si este "crece más rápido que la deuda, entonces salimos del problema".
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Pero, insistió, "de cualquier forma, nunca debemos olvidar que para nosotros sigue siendo el problema de la pobreza el más importante a resolver, junto con los de la falta de vivienda, de la falta de servicios básicos, de la inequidad (y) de la provisión de servicios básicos".
La Asamblea abordará "ciertas reformas legales que fomenten la inversión y el manejo adecuado en la administración de estos activos con participación privada" con el fin de "generar empleo y riqueza protegiendo siempre los bienes que son propiedad del pueblo", añadió Serrano.
El presupuesto del año en curso, cuya aprobación se demoró por las elecciones, contempla un gasto de 36.818 millones de dólares y deberá ser discutido y aprobado por el Legislativo a partir del 15 de agosto.
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Mientras tanto, el Estado funciona con el presupuesto asignado el año pasado.
