"Es la primera vez que conceden una medida cautelar referida a la libertad de una persona en América", dijeron a Sputnik fuentes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Para el CELS, la CIDH reclama a Argentina "atender la decisión del Grupo de Trabajo de la ONU que determinó que la detención de la señora Sala es arbitraria, llamando a su liberación inmediata".
"Liberación inmediata quiere decir liberación inmediata", señaló en una rueda de prensa el presidente del CELS, Horacio Verbitsky.
El titular de este organismo de derechos humanos recalcó que el Gobierno de Mauricio Macri, en representación del Estado argentino, tiene entonces "la obligación de cumplir con la decisión del Grupo de Trabajo", y que por tanto, "no es una sugerencia".
La Comisión Interamericana concluyó en su dictamen "que la señora Milagro Sala se encuentra en una situación de gravedad y urgencia toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable".
Ante esta resolución sin precedentes, "el Estado argentino debe cumplir de inmediato con la cautelar de la CIDH y liberar a Milagro Sala", aseguró Verbitsky.
Obligaciones del Gobierno
Tras darse a conocer la resolución de la CIDH, la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina emitió rápidamente un comunicado el que anunció que el Ejecutivo "comunicará dicha solicitud a las autoridades judiciales y administrativas de la provincia de Jujuy", respetando "la independencia de poderes y las autonomías provinciales".
El presidente del CELS observó que "la responsabilidad de cumplimiento de la medida cautelar es del Estado nacional, y en 15 días debe informar de cómo ha cumplido".
La Corte Suprema de Argentina todavía debe pronunciarse sobre la libertad de Sala en dos causas judiciales sobre las que se presentó un amparo.
El CELS abogó por una ley que regule las formas de cumplimiento de las resoluciones del sistema americano de protección de derechos humanos, tanto de las que provengan de la CIDH como las de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Recluida en la Unidad Penal de Mujeres 3, al sur de la ciudad de San Salvador de Jujuy, Sala tiene abiertos varios procesos penales.
La dirigente social fue encarcelada en enero de 2016 por liderar un escrache contra el senador Gerardo Morales, actual gobernador de Jujuy.
Aunque en diciembre de 2015 fue elegida como legisladora del Parlamento del Mercado Común del Sur (Mercosur), Sala no pudo asumir su escaño por estar en prisión.
