"El mundo está esperando desde Ecuador una ley integral de protección a las mujeres y erradicación de la violencia", dijo el coordinador residente de la ONU en Ecuador, Arnaud Peral, durante el Foro para la Construcción de la Ley Orgánica de Prevención de Violencia contra las Mujeres en Quito.
Para Peral es fundamental que el nuevo cuerpo legal condene las manifestaciones de violencia en el ámbito privado y en el público, como el servicio de transporte, de recreación o en el ambiente laboral en el que se desempeñan las mujeres.
Asimismo, sostiene que la normativa deberá incluir la responsabilidad del Estado frente a los hechos tanto "por omisión o inacción ante la situación de la violencia".
"Una ley integral debe establecer lineamientos frente a la prevención, así como las acciones responsables para la atención y restitución de derechos de las víctimas de violencia", añadió el también representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Ecuador.
Peral anotó que "es fundamental que todas las instancias desarrollen y cuenten en su trabajo con datos desagregados por edad y por género para un adecuado monitoreo".
La asambleísta oficialista Mónica Alemán, en representación del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, dijo que para la construcción de la ley se deberá considerar "el abanico de tipos de violencia y los ámbitos en que esta se produce", pues "es estructural y atraviesa no solo las relaciones interpersonales sino toda la sociedad".
Para la legisladora es urgente la institucionalización de una política pública integral que pueda incluir a todas las funciones del Estado y todos los niveles de Gobierno.
"Si bien en 2007 se declaró como política pública la erradicación de violencia contra las mujeres, hoy se hace necesario fortalecer la permanencia de acciones que se desarrollen desde todos los frentes para disminuir y erradicar este problema", enfatizó la funcionaria.
En el foro también participó la consultora en derechos de las mujeres y militante del movimiento feminista Gayne Villagómez, quien planteó a nombre de varias organizaciones que la futura ley deberá ser orgánica, "para que tenga peso en el ordenamiento legal".
Además, según Villagómez, tendrá que ser una normativa que aborde todo el círculo de la violencia y que "tenga énfasis en la prevención" para luego focalizarse en la atención y reparación a las víctimas.
"Debe tener el respaldo de un presupuesto suficiente y debe garantizar la capacitación a los operadores de justicia, además de fortalecer y ampliar la red de centros y casas de acogida", puntualizó la activista.
El parlamento ecuatoriano se ha propuesto aprobar esta ley en el menor tiempo posible, especialmente después de una ola de femicidios que entre enero y julio dejó 93 víctimas, un promedio de 13 asesinatos por mes.
Ecuador tipificó en 2014 el femicidio con una pena que puede llegar hasta 26 años de prisión.
