"Es obvio que el Estado necesita ingresos para desarrollar las actividades relacionadas con el bien común de la colectividad; sin embargo, para desempeñar tal actividad el Estado debe respetar y estar atento a las reglas relacionadas con los derechos fundamentales establecidos en el texto constitucional", sostuvo en su dictamen el juez Renato Borelli, según recoge el diario Folha de São Paulo.
Para este magistrado el Gobierno no debería haber anunciado el aumento del impuesto a través de un decreto sino de una ley ordinaria y entre las diversas irregularidades cometidas cita el no cumplimiento del plazo de 90 días entre la edición de la norma y su entrada en vigor.
El 21 de julio entró en vigor la norma del Gobierno que eleva los impuestos sobre la gasolina, el diésel y el etanol.
La tributación de la gasolina, por ejemplo, se duplicó y pasó a suponer un aumento para los conductores 0,89 céntimos de real (0,31 dólares) por cada litro.
La decisión despertó las quejas de usuarios y de empresarios, como los integrados en la Federación de Industrias del Estado de São Paulo (Fiesp), la patronal más importante del país.
El Gobierno justificó la medida para aumentar la recaudación, que es menor de lo esperado debido a la lenta recuperación económica del país.
